Álvaro Espinosa
Periodista
Noboa y su propio Estado de propaganda de cara a su reelección
Desde su ascenso a la presidencia, el 23 de noviembre de 2023, el presidente de la República, Daniel Noboa, demostró que su austeridad verbal no era un impedimento para comunicar permanentemente el avance de su gestión.
La creación de contenido publicitario, sobre la base de las medidas adoptadas en materia de seguridad, ha sido la tónica de su corto mandato; tanto, que la mayoría de las visitas de Noboa en territorio son el escenario perfecto para la grabación de anuncios que coadyuvan a reforzar el discurso patriotero y castrense del presidente/candidato.
Es así que, el gobierno, pese a la falta de liquidez, no ha escatimado esfuerzos para canalizar los recursos necesarios a invertirse en la promoción de la imagen de Noboa de cara a su reelección.
Al amparo de su Plan Estratégico de Comunicación, el Ejecutivo cohesionó a los medios públicos, incautados y digitales alrededor de una narrativa basada en tres principios: la invisibilización y el descrédito de actores políticos antagónicos; la omisión intencionada de información que compromete su imagen; y la exaltación de su supuesta eficiencia.
Todo ello demanda un importante contingente de recursos económicos, humanos y tecnológicos que el gobierno, en pro de ensalzar la imagen de Noboa, ha desplegado sostenidamente.
La inversión en la imagen de Noboa por la excusa de la seguridad
Según el portal del Servicio de Contratación Pública (SERCOP), en medio de apagones de 14 horas y a vísperas de la campaña electoral, el gobierno publicó el cuarto proceso de contratación del servicio de pautaje, por un monto de USD 5 millones y con un plazo de entrega de 200 días.
El pasado 21 de octubre, el presidente/candidato Daniel Noboa publicó la convocatoria en el SERCOP y la adjudicación se concretó el 30 de octubre de 2024. El proveedor invitado al proceso es la compañía Norlop Thompson Asociados S.A.
El proceso se lanzó bajo la denominación de servicio de pautaje y difusión de «información de importancia nacional» y no de «campañas del Gobierno», pues, con la convocatoria a las elecciones de 2025, ninguna entidad estatal puede difundir publicidad sin permiso del CNE.
Esto, según lo establecido en el artículo 207 del Código de la Democracia que determina que sólo se permitirá la difusión de información en caso de grave conmoción interna, catástrofes naturales u otras situaciones excepcionales autorizadas por esta Ley.
En concordancia con esto, el gobierno, en la justificación de los Términos de Referencia, adecúa la contratación para fines informativos sobre situaciones de emergencia y catástrofes naturales, además de «temas de importancia nacional».
Por ello, en la fundamentación de los TDR se invoca la declaratoria de estado de excepción del pasado 3 de octubre en Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro, Quito y el cantón Camilo Ponce Enríquez de la provincia de Azuay. por grave conmoción interna.
Sobre la base de ello, el gobierno califica a los supuestos planes y estrategias del gobierno para garantizar el orden interno, la seguridad pública, y la defensa nacional como «hechos de importancia nacional» que deben comunicarse directamente a la ciudadanía.
En los hechos, esto configure el escenario ideal para que Noboa, sorteando las prohibiciones legales con acomodos contractuales, continúe su campaña por la reelección, con uso de recursos públicos y hasta que su periodo culmine, en mayo de 2025.
Al efecto, el 4 de septiembre la Subsecretaria General de Comunicación e Información de Gobierno solicitó la asignación del presupuesto para los servicios de pautaje y la Dirección de Planificación, Seguimiento y Evaluación, el 23 de ese mes, informó la disponibilidad.
De tal suerte que, a través de la actividad No. 006-DMP-001 de la Dirección de Marketing y Publicidad, se confirmó una asignación presupuestaria plurianual de USD. 1,5 millones para el ejercicio fiscal 2024 y USD. 3,5 millones para el ejercicio fiscal 2025.
Con base en la respuesta de la Dirección de Planificación, el 24 de septiembre la Subsecretaria General de Comunicación actualizó del Plan Estratégico de Comunicación para incluir este contrato de pauta y así mantener la comunicación gubernamental ininterrumpidamente.
La intención, según se explica, era evitar un desfase en la periodicidad de la propaganda del gobierno una vez que se ejecute la totalidad del contrato de USD 2,3 millones con la agencia MINDSHARE.
Además, en la actualización al PEC, el gobierno de Noboa también incluyó un proceso de contratación del «servicio para el desarrollo de eventos a fin de socializar a la ciudadanía, las actividades y mensajes del Gobierno Nacional», que fue lanzado el pasado 18 de octubre y se adjudicó el 13 de noviembre, por un monto de USD 40,277.80 y con un plazo de ejecución de 120 días.
Ahora bien, la empresa Norlop tiene una relación de larga data con el grupo Noboa. Francisco Solá Medina (+), quien estuvo al frente de Norlop Thompson desde 1966, consideraba como un cliente icónico al expresidente León Febres-Cordero (+), cuando gerenció la Industrial Molinera.
Norlop actualmente está dirigida por Francisco Solá Tanca, hijo de Solá Medina y también presidente y socio de MINDSHARE Ecuador, otra firma que obtuvo dos contratos, de $2,5 y $2,3 millones para pautaje y difusión de mensajes gubernamentales de Noboa.
Antes, el tercer proceso de contratación para “servicios de pautaje y difusión de los mensajes y campañas del gobierno”, fue lanzado, bajo régimen especial, el 30 de julio, por un monto que asciende a $2.3 millones.
El proceso fue adjudicado el 8 de agosto a MINDSHARE DEL ECUADOR C. LTDA., un día antes del feriado por el Primer Grito de Independencia. La administradora del contrato designada es Paula Carolina Gordón Peñafiel, directora de Marketing y Publicidad, Encargada.
En virtud de que el Plan Estratégico de Comunicación (PEC), aprobado el 3 de enero de 2024, contemplaba 3 procesos de contratación para este periodo fiscal, -de acuerdo a la última actualización aplicada, el 29 de mayo- el 12 de julio, Gilda Bravo, subsecretaria General de Comunicación e Información, aprobó la actualización del PEC con el propósito de incluir este proceso a la planificación y para dar a conocer los mensajes presidenciales y las acciones que el Gobierno desarrolla de manera permanente.
En los términos de referencia de esta contratación, consta que el 11 de julio, la subsecretaria de Comunicación solicitó el incremento del presupuesto para los servicios de pautaje y difusión, “a fin de mantener la continuidad de la comunicación gubernamental”.
En respuesta a ello, el 17 de julio, la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica informó sobre dicho incremento, pues dada la crisis de inseguridad y la coyuntura política y económica, el gobierno concluye que es indispensable contar de forma permanente con el servicio de pauta.
Ese mismo día, José Rodrigo Coronel del Alcázar, Subsecretario de Imagen Gubernamental, Marketing, Publicidad y Comunicación Digital, aprobó la necesidad de contratación del “SERVICIO DE PAUTAJE Y DIFUSIÓN DE MENSAJES Y CAMPAÑAS DEL GOBIERNO NACIONAL”, en cuyo análisis concluye que es primordial contar con un servicio estratégico de difusión de las campañas y mensajes gubernamentales para visibilizar de forma oportuna los diferentes planes, obras, proyectos, procesos, decretos y demás acciones de particular naturaleza que ejecute el gobierno.
En ese sentido, la presidencia considera que es menester contratar un nuevo servicio de pauta, pues el proceso que actualmente está en ejecución ya ha realizado nueve campañas de comunicación publicitarias. Por tanto, para evitar que a la fecha de término del contrato exista un desfase en la periodicidad de las campañas de comunicación que se difunden desde la presidencia, es oportuno adelantar el trámite de esta tercera adjudicación.
Según la programación del PEC, este servicio de pauta se extenderá entre mediados de agosto e inicios de noviembre. En esas fechas, según el calendario electoral aprobado por el CNE, se llevarán a cabo los procesos de democracia interna y la inscripción de candidaturas. Esas etapas del cronograma comprenden -con las fases intermedias- el periodo entre el 3 de agosto y el 2 de octubre.
Este es un dato a considerar, toda vez que el presidente Noboa participará en los comicios de 2025 para su reelección y uno de los ejes que componen su estrategia de comunicación consiste, precisamente, en el gasto en publicidad para apuntalar su gestión. Por tanto, cabría preguntarse si este contrato de pauta, que será pagado con recursos públicos, se destinará -en algún punto de su ejecución- para el posicionamiento de la imagen de Noboa como presidente/candidato.
Antes, menos de un mes después de haber asumido la presidencia, el 22 de diciembre de 2023, se lanzó el primer proceso de contratación para servicio de pautaje. Ese proceso fue declarado desierto debido a que el adjudicatario invitado (Compromiso de Consorcio entre la empresa MEDITERRÁNEO COMUNICACIÓN CÍA. LTDA. Y ANTICIPA FRTS S.A.) no cumplió con todos los requerimientos mínimos establecidos en los pliegos y en los términos de referencia.
De la información que se desprende de dicho proceso, consta que, a su llegada, la administración de Noboa firmó un contrato complementario, el 5 de diciembre de 2023, con MABECA CORPORATION S.A., por un monto de $179.404 para 20 días. Ese fue el último contrato que adjudicó el expresidente Guillermo Lasso, en agosto de ese año.
En paralelo, el régimen de Noboa insistió, el 16 de enero de 2024, -pocos días después de la declaratoria de Conflicto Armado no Internacional- con un nuevo proceso de contratación de servicio de pautaje, que fue adjudicado el 01 de febrero a la compañía MINDSHARE CÍA. LTDA., por un valor de $2.5 millones para la difusión de la propaganda oficial por 90 días.
A tal efecto, se concluye que es necesaria la contratación de un “prestador externo”, –esto es, una agencia de publicidad- pues garantiza la inmediatez y la máxima difusión de los mensajes oficiales, además de que permite contar con descuentos por pautaje y las herramientas de medición de rating para la selección de los medios a utilizarse en cada campaña.
En la parte correspondiente a los antecedentes de los términos de referencia de ese proceso, se invocan la promulgación del estado de excepción del 8 de enero de 2024, así como la declaratoria de conflicto armado interno del 9 de enero como causales para la contratación del servicio de pautaje ininterrumpidamente “para sostener los procesos democráticos, fortalecer la resiliencia de nuestros ecosistemas de información y superar la pérdida de confianza de las personas en las instituciones públicas, lo cual es esencial para superar las crisis actuales y las futuras».
De ahí que el eje de gran parte de la publicidad gubernamental sea el despliegue armado de la fuerza pública para el combate a la delincuencia.
Tres meses después, el 23 de abril de 2024, fue lanzado otro proceso de contratación de pauta, cuyo contrato fue suscrito el 15 de mayo. En los términos de referencia se establece que, el 29 de febrero de 2024, la Dirección de Marketing y Publicidad, solicitó el incremento del presupuesto asignado para los servicios de pautaje y difusión, “dada la coyuntura política que atraviesa el país”; es decir, desde ese momento ya se canalizaron más recursos públicos para la publicidad gubernamental bajo el argumento de la conflictividad interna.
A la fecha de la emisión de estos criterios para la contratación (4 de abril de 2024), la ejecución del contrato con la agencia MINDSHARE ya había cubierto 4 campañas publicitarias, correspondientes al 65.58% del presupuesto.
En respuesta, el 4 de marzo de 2024 la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica informó la aprobación de la reforma presupuestaria para dicho incremento. Ese mismo día, se aprobó la actualización del Plan Estratégico de Comunicación (PEC) de la Presidencia de la República correspondiente al año 2024.
De este modo, se justificó la necesidad de este proceso de contratación para propiciar “la continuidad de los servicios de Pautaje y Difusión para difundir los mensajes presidenciales y las acciones que el gobierno desarrolla de manera permanente”.
Con motivo de este proceso, el gobierno, de nuevo, esgrime la crisis de seguridad como la principal causa para sostener la comunicación sobre los planes, acciones y proyectos realizados por el presidente Noboa.
En ese sentido, la Subsecretaría de Imagen Gubernamental, Marketing, Publicidad y Comunicación Digital, el 27 de marzo, solicitó a la Coordinación General Administrativa Financiera la publicación de necesidad de cotizaciones.
El presupuesto referencial para esta contratación también se fijó en $2.5 millones y los proveedores seleccionados para la prestación del servicio a MABECA CORPORATION S.A. y COMPRA INTELIGENTE COMINON S.A.; ambos bajo el consorcio “CO-MA”.
Además, de acuerdo a la proyección del PEC, se suscribió otro contrato para el Servicio de Alquiler de Infraestructura de Radiodifusión, Equipos Audiovisuales y Espacio Satelital para la Transmisión, Logística, Grabación, y Emisión de Actividades del Gobierno Nacional por un monto de $74.338,05. Ese contrato fue adjudicado a la Empresa Pública de Comunicación del Ecuador EP y su firma se llevó a cabo el 11 de julio de 2024.
Al efecto, el 3 de junio se aprobó el Informe de necesidad y se solicitó a la Coordinación General Administrativa Financiera la gestión de “Publicación de Necesidades y Recepción de Proformas” implementada en el SOCE.
Con fecha 7 de junio, se emitió el Estudio de Mercado para la determinación del presupuesto referencial y la Coordinación General Administrativa Financiera expidió la única proforma recibida.
En lo que atañe a la justificación de la contratación, el gobierno sostiene que es necesaria debido a que la Dirección de Producción Audiovisual realiza la cobertura de los diferentes eventos a través de transmisiones en vivo, producción de piezas audiovisuales, grabación de mensajes, entre otros.
Estos equipos, reza el documento, servirán para comunicar a la ciudadanía sobre las actividades realizadas por el presidente durante la semana a través de medios de difusión, como radio, televisión o medios digitales.
A este respecto, el material producido durante el cumplimiento de la agenda presidencial, por el despliegue logístico que implica y la alta calidad que demanda, requiere de un equipamiento especializado para realizarse de manera profesional. La Secretaría General de Comunicación de la Presidencia de la República no cuenta con dichos dispositivos.
“Este equipamiento debe contar con una capacidad mínima de 5 cámaras instaladas en calidad HD con todos sus implementos, para realizar grabación de señal en formato HD y exportación de material audiovisual, con posibilidad de inclusión de señales externas como drones, Steadicam, computadoras, circuito cerrado, generador de caracteres, entre otros necesarios y que no se señalen, para el correcto desarrollo de la transmisión”, se establece en las condiciones.
Otro punto a considerar, sería el interés de suplir el contingente de equipos de transmisión disponibles para la producción de los eventos de la Función Ejecutiva y sus entidades anexas.
Por otra parte, también se precisa que la contratación es necesaria, a efectos de mantener el funcionamiento de la Radio Nacional del Ecuador en FM de la Presidencia de la República, “para lo cual se debe contar con infraestructura para la operación de las estaciones de Pichincha, Guayas, Manabí, Azuay y Loja”.
En suma, se concluye que la contratación de la infraestructura tecnológica y los equipos es necesaria para el fortalecimiento de la comunicación gubernamental.
También se establece que el administrador del contrato se pondrá en contacto con la empresa pública, a fin de coordinar el alquiler de infraestructura para la operación de las estaciones FM de Radio Nacional del Ecuador.
Como muestra de fiel cumplimiento de lo dispuesto, se determina que Comunica EP deberá presentar un certificado de alquiler de la infraestructura de manera mensual el cual debe contar con las respectivas firmas de elaborado por el coordinador operativo y/o jefe de operación, aprobado por la persona asignada por la Contratista.
En cuanto al alquiler de equipos y espacio satelital para las transmisiones del gobierno, la metodología de trabajo establece que el administrador del contrato comunicará a Comunica EP, hasta con veinte y cuatro (24) horas de anticipación para la ciudad de Quito o más para el caso de otras ciudades el detalle de los equipos que requerirá en alquiler, mediante oficio, en el que se indicará el lugar del evento.
Además, la empresa pública también cubrirá con los gastos del transporte de los equipos y se encargará de su instalación, configuración y puesta en marcha. Al término cada transmisión, asimismo, Comunica EP entregará el material en un disco duro, DVD, CD o cualquier medio magnético o digital.
Seguidamente, in situ, se firmará un acta de entrega – recepción, la misma que debe contener la firma de elaborado por el coordinador operativo y/o jefe de operación, aprobado por la persona asignada por la Empresa Pública de Comunicación del Ecuador EP.; y, el Administrador del Contrato.
Para la operación de las estaciones FM de Radio Nacional del Ecuador, el contrato prescribe el alquiler de la infraestructura (espacio en caseta y torre para instalación de equipos), transmisión satelital de la radio y el uso de energía eléctrica de una estación matriz y 4 repetidores de Comunica EP.
La adjudicación de estos tres contratos se respalda en la planificación estratégica de comunicación del gobierno para el 2024. Así, el particular interés del régimen en la difusión de la propaganda oficial se basa, sobre todo, en la necesidad de posicionar la imagen del presidente Noboa. Al efecto, estos contratos propiciaron una mayor presencia del Ejecutivo en canales de comunicación diversos que permiten ampliar su alcance con proyección hacia nuevas audiencias.
Tal y como se detalla en las acciones de comunicación institucional, el gobierno diversificó los canales de comunicación, invirtió en pauta para medios digitales y tradicionales, equipó su contingente logístico para la cobertura y producción de los eventos a los que asiste el Primer Mandatario y apostó por la cooperación interinstitucional de todos los niveles institucionales para el posicionamiento de Noboa.
Además, el PEC recomienda la capacitación de los funcionarios públicos en torno a una narrativa orgánica que responda a los objetivos públicos e institucionales; de ahí que, con el propósito de destacar las supuestas conquistas en la gestión de Noboa, se establecieran algunos mensajes claves, precedidos por la muletilla de “El Nuevo Ecuador”. Estos son los entresijos de la estrategia de comunicación.
En conjunto, los cuatro contratos de pauta del gobierno de Noboa ascienden a USD 12,3 millones en apenas 11 meses de gestión. Eso, sin contar con los USD 74.338,05 gastados en compra de equipos de comunicación y los USD 40.277,80 para el desarrollo de eventos.
Sumado esos montos, daría un total de USD 12,414,615.85 gastados para la difusión de las campañas y mensajes del gobierno.
El despilfarro sin rostro en META y el desdoblamiento del presidente/candidato
Al no haber solicitado licencia sin remuneración para hacer campaña, tal como dispone el artículo 93 del Código de la Democracia, la dualidad del presidente/candidato permitió que Noboa participe en, al menos, 33 eventos gubernamentales y 32 eventos de campaña, entre caravanas y mítines proselitistas, cuyos costos deberían reflejarse en los reportes quincenales que, hasta la fecha, Acción Democrática Nacional (ADN), no ha presentado.
Las ciudades más frecuentadas por Noboa fueron Guayaquil y Quito, que concentran a más de dos millones de votantes, de un padrón electoral de 13,7 millones. En el Puerto Principal, por ejemplo, ADN realizó al menos cinco eventos de campaña liderados por Noboa en calidad de candidato, mientras que el Gobierno organizó otros siete con Noboa como Primer Mandatario, y que contaron con la asistencia de funcionarios de los ministerios de Transporte, Salud, Deporte y Vivienda.
A tal punto llegó la ambivalencia de los objetivos electorales y las obligaciones presidenciales de Noboa, que el 5 de enero, cuando oficialmente inició la campaña, arengó a sus simpatizantes desde el balcón del Palacio de Carondelet, con la promesa de que “hoy empieza esta lucha y esta lucha no parará hasta que el Ecuador tenga el Gobierno que se merece”. En esa ocasión, además, se instalaron puntos de entrega de las conocidas figuras de cartón del presidente/candidato.
Estos actos de evidente campaña presidencial, podrían configurar una infracción electoral grave, según lo determina el artículo 278 del Código de la Democracia numeral 3, respecto a los servidores públicos que, en ejercicio de sus funciones, induzcan a la ciudadanía al voto. Aun así, el CNE de Diana Atamaint no asumió su rol de garante de un proceso electoral transparente y endilgó la responsabilidad arbitral en el TCE.
En ese marco, la Corte Constitucional es otra institución cuya indiferencia ha sido duramente cuestionada. Así las cosas, en la sentencia 1-25-IN/25, que declaró la inconstitucionalidad de los decretos 500 y 505 con los que Noboa encargó la presidencia a su secretaria, Cynthia Gellibert, omite lo principal: la situación de la vicepresidenta Constitucional, Verónica Abad, y el hecho de que la campaña no es causal de fuerza mayor.
Ahora bien, respecto al gasto en redes sociales para la campaña, de acuerdo con los registros de META, 9 de los 16 candidatos presidenciables pautaron USD 201.601 desde sus cuentas personales y sólo Noboa abarcó el 47,8% de ese gasto, con USD 96.345 pautada entre el 3 de enero y 5 de febrero.
Sin contar, desde luego, con el gasto en el que incurrieron las cuentas afines al presidente/candidato. Noboa, en ese rubro, también es el que más dinero invirtió, con USD 113.000 distribuidos en 3 cuentas: la de ADN, su partido; una de ‘apoyo ciudadano’ denominada “NOBOA – Ecuador Resuelve” y la de su compañera de fórmula, María José Pinto.
Estos montos, no obstante, no son imputables al control del gasto y los reportes de cuentas, -que no debe exceder el límite autorizado de USD 5,49 millones- pues se trata de terceras personas que apoyan la candidatura, supuestamente, con recursos propios.
La Data (El Dato), sus prácticas clientelares y su oscuro origen
El portal La Data es la muestra más diáfana de la inversión del gobierno en pauta. Sus publicaciones abarcan tres clasificaciones: informativos con sesgo ciertamente gobiernista; editoriales en los que, a título de la organización se encomia la gestión de Noboa; y opiniones que son expresiones manifiestas de respaldo al Primer Mandatario.
Al efecto, LA DEFENSA revisó el plan de medios propuesto por MINDSHARE CÍA. LTDA. en la tercera contratación de pauta emprendida por el gobierno. En ese documento se esboza el listado de canales de televisión, emisoras de radio, prensa y medios digitales que ofrecen el mejor rendimiento sobre la base de su alcance.
Así, respecto de La Data, se establece un promedio de 155 impresiones con una inversión estimada de $19.000, aplicando un descuento del 61%. Esa proyección, no obstante, no incluye el costo por mil (CPM) por cada mil impresiones de las publicaciones.
Algo similar ocurre en el caso del medio digital La Posta, para el cual se fija un promedio de 226 impresiones, con un costo $19.000, sin considerar la tarifa del CPM por cada mil impresiones.
Otro medio considerado en este listado es Radio Centro de Guayaquil, con una inversión estimada de $924,00 durante tres meses. Sin embargo, ese no es el detalle más polémico que vincula a ese medio con el gobierno: dos de sus panelistas, Eduardo Peña Hurtado e Irene Vélez, se incorporaron al equipo de Noboa. El pasado 5 de febrero de 2024, Peña fue designado presidente del Consejo Directivo del IESS, mientras que Vélez, desde el 25 de abril de ese año, reemplazó a Roberto Izurieta en la Secretaría de Comunicación de la Presidencia.
Esto demuestra, ciertamente, la predilección que tiene el régimen hacia estos tres medios. En el caso de La Data, es menester hacer algunas precisiones sobre su origen y los cuestionamientos en torno a su presunta falta de ética periodística.
La “Compañía de Publicidad La Data-Ecu S.A.” fue constituida el 19 de abril de 2021 por los ciudadanos Cristhian Manuel López Tello, hermano de Geovanny López Tello, sentenciado a 26 años de prisión por el femicidio de Edith Bermeo, conocida como Sharon, y Angie Patricia Flores Maurad, su prima.
En el Kardex de accionistas del medio consta que Flores Maurad vendió su porcentaje de acciones a López Tello el 19 de diciembre de 2022, sin embargo, la mujer todavía figura como presidenta de la empresa, por un periodo de cinco años, desde que fue constituida.
LA DEFENSA conversó con una fuente que pidió la reserva, quien comentó que Geovanny López maneja el medio desde la cárcel de Riobamba y que las autoridades del gobierno lo saben. “Diana Jácome lo sabe, Cinthya Gellibert también, pero no les importa”, dijo.
Este medio se puso en contacto con Jácome para consultar el uso de los medios públicos para favorecer al gobierno y la participación del medio de Geovany López en las contrataciones de servicios de pauta, pero respondió que “no tenía nada que ver ni nada que decir” sobre pautas.
LA DEFENSA también envió una solicitud de información a la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, con el propósito de que Irene Vélez responda los cuestionamientos con relación al aumento del gasto en publicidad, los criterios para seleccionar a los medios pautados, la incidencia del Gobierno Nacional en la agenda de los medios públicos e incautados y la identidad del gerente de La Data.
Un día después, la directora de relaciones públicas, respondió a este medio, asegurando que Vélez no daría una entrevista debido a que cumpliría agenda en territorio.
Otra fuente, que también pidió la reserva, explicó que el modus operandi de López consiste en reclutar jóvenes prospectos para que produzcan material e insumos para La Data, pero sin firmar un contrato y sin reconocer el pago de sus honorarios. De ahí que la planta de periodistas del medio tenga tanta rotación.
Por si fuera poco, López utiliza identidades falsas. “Se hace pasar por un tal Roberto que supuestamente vive en Nueva York”, contó.
Pese a todo ello, la cercanía de La Data con el régimen de Noboa se evidencia en el tono de sus publicaciones. En materia de seguridad, por ejemplo, este portal compartió un fragmento del video de “la toma de Durán”, ensalzando la figura del Primer Mandatario con un titular que replica su eslogan de “el nuevo Ecuador”.
Antes, el 21 de junio, ese medio también publicó un video sobre la llegada de Noboa en helicóptero a Santa Elena, con motivo del anuncio oficial de la construcción de la cárcel del Encuentro. “La nueva cárcel de máxima seguridad “el Encuentro” será un hecho”, reza el titular. El proceso alrededor de esa obra es cuestionado por su adjudicación a una empresa subsidiaria de la estatal china CRBC, que compró las acciones del Hotel Quito, además de la declaratoria de reserva para los próximos 10 años.
Una tercera publicación en esa línea recoge las declaraciones del exviceministro de Gobierno, Esteban Torres, respecto de la sucesión presidencial y la virtual asunción de Verónica Abad. “Sería nefasto que Verónica Abad reemplace a Daniel Noboa en la presidencia”, se lee en el titular. El cuerpo de la noticia es una justificación a la decisión de Noboa de buscar un camino jurídico que impida que Abad lo reemplace en funciones mientras él se postula a la reelección. Además, también se exalta “incorruptibilidad” del Primer Mandatario al mantener al margen a la vicepresidenta por los presuntos actos de corrupción que habría cometido.
Más recientemente, el 5 de febrero, la agencia publicó un video sobre la “Noboamanía”, a propósito de su visita al parque Juan de Salinas, en Sangolquí, donde sus simpatizantes se congregaron vestidos de morado, con banderas y repartiendo imágenes de cartón. Lo propio en el marco del cierre de campaña de Noboa en la Plaza de Toros, con el propósito de exaltar la asistencia de los seguidores del presidente/candidato.
Todo ello expone hasta qué punto La Data está alineada a los intereses del gobierno y cómo la agenda oficial permea en el reportorio noticioso del medio. Ya no existe una línea divisoria entre lo que las autoridades del Ejecutivo cuentan y los hechos objetivos; para este portal, la única verdad es la que proviene de la Presidencia.
Mientras que, para el gobierno de Noboa, contratar espacios publicitarios en un medio que pertenece a un sentenciado por femicidio que maneja todo desde prisión no parece ser un problema. Así las cosas, ¿qué sentido tiene el discurso de la seguridad?
Pero esa no es toda la historia; el 16 de octubre de 2024, La Data publicó un comunicado en su página de Facebook en el que explicó que fue blanco de un supuesto hackeo en su cuenta de X. “por lo que todas las publicaciones emitidas a partir de este momento no son propiedad de este Medio de Comunicación”.
El detalle es que la polémica agencia de publicidad informa a sus seguidores sobre la desvinculación de Melanie Pincay y, al día siguiente, 17 de octubre de 2024, la comunicadora constituyó ante la Superintendencia de Compañías la Sociedad por Acciones Simplificada “El Dato EC”, con un capital suscrito de USD 100 dólares.
Desde ese momento, La Data y El Dato funcionan de forma paralela, pero con la misma cercanía de siempre a Noboa. La supuesta separación, incluso, llevó a parte del equipo de La Data a cambiar las oficinas en las que desarrollaba sus entrevistas.
El misterio de “Sarmiento es Pueblo” y sus nexos con el gobierno
Segundo Salvador Sarmiento Delgado, mejor conocido como “Sarmiento es pueblo”, es un autodenominado artesano que ha pintado, en distintos periodos, murales con propaganda política a favor del Partido Social Cristiano (PSC), de la Revolución Ciudadana (RC), de CREO y, actualmente, para Acción Democrática Nacional (ADN).
Sarmiento colocó pancartas a lo largo del Puente de la Unidad Nacional, en Guayaquil, el pasado 25 de julio de 2024, a propósito de los 489 años de fundación de la Perla del Pacífico. Es más, las pancartas a favor de Noboa fueron distribuidas en los alrededores de la explanada del Centro Cívico, donde tomó lugar la sesión solemne organizada por el gobierno.
Sarmiento se enlistó en las filas del gobierno tan pronto Noboa pasó a la segunda vuelta electoral, cuando disputó la presidencia con la correísta Luisa González. A partir de ese momento, Sarmiento hizo campaña a favor del ahora Primer Mandatario en sectores populares.
Es más, asistió al festejo en la comuna de Olón, en la provincia de Santa Elena, por el triunfo de Noboa sobre González, el pasado 15 de octubre de 2023. En el lugar compartió con familiares, amigos y seguidores del presidente.
El 8 de abril, -apenas un día después de que se iniciara la campaña electoral- Sarmiento cubrió el Puente de la Unidad Nacional de afiches y pancartas con el rostro de Noboa que promovían el SÍ en la Consulta Popular y Referéndum. “Dile sí al nuevo Ecuador”, era la inscripción grabada en el material publicitario.
El abogado Marlon Pasquel, el 31 de mayo, presentó una notitia criminis debido a que, según explicó a LA DEFENSA, pintaron sin autorización del ente electoral varias casas del Valle de Tumbaco con la misma propaganda alusiva al Régimen y con la inscripción de “Sarmiento es pueblo”.
El 3 de junio, la Fiscalía General del Estado notificó al denunciante y a los 5 vocales del Consejo Nacional Electoral sobre el inicio de una investigación previa por un presunto delito de acción pública.
Según el portal de la Superintendencia de Compañías, Sarmiento no figura como accionista o representante de ninguna empresa dedicada a la publicidad. Lo único que se sabe sobre su negocio es que en 2021 obtuvo el registro de su marca ante el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales.
En esa fecha, Sarmiento dio una entrevista a Diario El Universo en la que explicó que, supuestamente, tiene amigos distribuidores de materiales de construcción que le dan cemento, planchas de zinc, madera y caña.
“Por ejemplo, si mañana alguien que esté ligado a alguna candidatura me llama y me pide ayuda, ellos me dan la pintura, piden colaboración, hasta hacen bingos para reunir para la pintura”, contó a ese medio.
Sin embargo, el modo en que se financió todo el material publicitario en respaldo del gobierno de Noboa es un misterio. De hecho, en la proforma del segundo contrato de servicio de pauta que adjudicó el gobierno, consta que Sarmiento fue considerado como proveedor de MABECA CORPORATION S.A. para la colocación de 10 muppies fijos y 10 muppies led en Quito por un valor de $5.546 y $2.800, respectivamente.
Todas las compañías proveedoras contratadas para este fin, , salvo “Sarmiento”, están legalmente constituidas ante la Superintendencia de Compañías y registran RUC activo en el SRI.
Según el sistema de consultas del Servicio de Rentas Internas, Sarmiento es un contribuyente cuyo RUC está suspendido. Tampoco tiene participación societaria en ninguna empresa ni tiene contratos con el Estado. Es decir, no existe tal compañía Sarmiento y aun así consta como proveedor de material publicitario para colocarse en la vía pública dentro de un contrato de publicidad del gobierno.
Aun así, Sarmiento empapeló el Puente de la Unidad Nacional con propaganda a favor de Noboa, en el contexto del inicio de la campana, el pasado 5 de enero de 2025. Esas pancartas fueron distribuidas nuevamente en el mismo punto, a propósito del cierre de campaña.
El Telégrafo y TC: las puntas de lanza del gobierno en los medios públicos e incautados
Con relación a la injerencia del gobierno en la línea editorial de medios públicos, incautados y digitales, LA DEFENSA conversó con dos personas que pidieron la reserva. Los testimonios relatados evidencian, por una parte, el grado de intervención del gobierno en los medios públicos para determinar la agenda de contenidos y sus restricciones, y por otra, la permeabilidad de algunos medios digitales a personajes de cuestionada reputación ante la justicia que terminan siendo beneficiarios de las asignaciones de pauta oficial.
El trabajo en El Telégrafo, según recuerda una de las fuentes anónimas que este medio consultó, provocaba que se cuestione si hacía lo correcto, pues la prioridad en el medio era publicar notas alineadas a la visión del gobierno y, paralelamente, omitir temas que comprometieran su imagen.
Asimismo, explicó que en lo que va del año, tres personas han ocupado la Jefatura de Contenido de Comunica EP, que se encarga de dar las directrices de lo que se publica en el Telégrafo, Ecuador TV y la Radio Pública.
Actualmente, ese puesto lo ostenta Dagmar Vásconez. Según su última declaración patrimonial juramentada, Vásconez ejerce esa función desde el 17 de mayo de 2024. En la cadena de mando de la estructura institucional, por encima de la Jefatura de Contenido, está la Coordinación General de Medios de Comunica EP.
Grace Cordero Loor detenta ese cargo desde 1 de mayo de 2024. Antes, se desempeñó como Directora de Síntesis y Alertas en la Secretaria de Comunicación, desde el 15 de junio de 2021 hasta el 30 de abril de 2024. Es decir, Cordero pasó de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia a la Empresa de Medios Públicos.
“De lo que se puede apreciar y de lo vivido, prácticamente no son las decisiones tomadas por el medio de comunicación (El Telégrafo), sino que se responde a lo que establece el gobierno. Las personas que tenían que coordinar estas temáticas (Jefatura de Contenidos y Coordinación General de Medios) sí recibían llamadas”, contó el informante anónimo.
En tal sentido, ambas funcionarias, de acuerdo con el testimonio de esta persona, únicamente transmitían órdenes; quién realmente controlaba periódicamente lo que se publicaba en el medio era “Fausto”.
“Él era de la SECOM. Él era el vínculo directo del gobierno con los medios públicos que iba a supervisar y direccionar. Revisaba ciertos contenidos. Entonces ahí te das cuenta de que no existe verdadera independencia y los medios públicos son la caja de resonancia del gobernante de turno”, contó.
La fuente, además, recuerda algunas disposiciones concretas que recibieron del gobierno para direccionar ciertas publicaciones. Citó, por ejemplo, que uno de los pedidos era no recoger las declaraciones de la vicepresidenta, Verónica Abad, que mantiene una disputa con Noboa por la sucesión presidencial.
Al revisar el listado de publicaciones disponibles en la página web de El Telégrafo, se advierte que ni si quiera existe una etiqueta con el nombre de la vicepresidenta que agrupe las notas sobre ella. La única etiqueta registrada para este fin es un título genérico de “vicepresidenta” en el que se clasifican apenas 5 publicaciones sobre Abad; tres de ellas sobre su delegación como embajadora por la paz en Israel; una sobre su acreditación como vicepresidenta; y, la más reciente, que recoge las declaraciones de Abad al medio de Costa Rica, Central Noticias, respecto de la detención de su hijo, Sebastián Barreiro, por presunta oferta para tráfico de influencias en el denominado “caso Nene”.
La nota expone la preocupación de Abad con relación al juzgamiento de su hijo y su detención en la cárcel La Roca, sin embargo, omite por completo las acusaciones de la vicepresidenta contra Noboa por montar una supuesta persecución en su contra.
“Es evidente que viene (la persecución en su contra) del presidente del Ecuador. (…) Esto ya es un odio. Ya ha escalado a suficiente punto en donde la pregunta mía es ¿por qué me odia, señor presidente? Y se lo digo públicamente. Quiero saber”, decía Abad en ese espacio.
Acerca de esto, la fuente que conversó con LA DEFENSA confirmó que sólo se publicaba información en desmedro de Abad. “No había que poner lo que decía (la vicepresidenta), sólo lo que pasaba con ella”.
En El Telégrafo, asimismo, se publicaron sendas notas sobre el retiro de la Visa de Abad, su vinculación al caso Nene, la reformulación de cargos -de tráfico de influencias a presunta concusión- y la autorización que negó la Asamblea Nacional para levantar su inmunidad y proceder con su enjuiciamiento penal.
Sobre esto último, El Telégrafo publicó una nota titulada “PSC, RC5 y Construye salvan a Verónica Abad”, tal y como el gobierno tituló su comunicado de rechazo a lo resuelto por la Asamblea. TC Televisión también publicó una nota con ese mismo titular, lo que demostraría la injerencia directa del gobierno sobre los medios públicos e incautados.
TC Televisión publicó una supuesta investigación, acusando a la vicepresidenta Verónica Abad de manejar un troll center para atacar a Noboa y su esposa.
Ese reportaje, también señala a opositores como los implicados en la operación de este troll center (Patricio C. y María R.) y asegura que los portales digitales Guayaquil News y Tiempo Real también están implicados.
La ONG FUNDAMEDIOS conoció que la nota se basó en informes entregados directamente por autoridades del gobierno a los nuevos directivos de TC.
Un hecho sobre El Telégrafo, sorpresivamente, no ha reportado nada, atañe al avance del trámite de la denuncia electoral que impulsa el consejero de participación, Juan Esteban Guarderas, contra Abad. Por esa acción, varios sectores políticos vinculan a Guarderas con el gobierno.
Otra disposición “de arriba”, según contó a LA DEFENSA el informante anónimo, era que se debía evitar, en la medida de lo posible, publicar contenido alusivo al movimiento Construye.
Desde que asumió funciones, Noboa tuvo varios roces con esa organización, al punto de calificarla como “basurita en el ojo” y decir que debería dejar de existir. De ahí que la Lista 25 asociara su fallida cancelación del Registro Permanente de Organizaciones Políticas con un presunto tráfico de influencias que involucrarían al juez electoral, Ángel Torres, y a su yerno, Dennys Bravo, quien es Director Provincial de ADN en Loja.
En particular, El Telégrafo publicó una nota sobre una denuncia de la asambleísta de gobierno, Inés Alarcón, contra el legislador de Construye, Camilo Salinas. Alarcón, en ese entonces, presentó una solicitud de inicio de examen especial a la empresa Cesneba ante la Contraloría General del Estado, pues Salinas presidiría su directorio.
Para la elaboración de esa noticia, según explicó esta fuente, se buscó información adicional que incriminara a Salinas, pero no se encontraron registros de nada. Por ello, el material fue difundido tal y como Alarcón lo declaró públicamente, pero sin contrastarlo con la versión del legislador de Construye.
LA DEFENSA consultó a Salinas sobre este hecho y confirmó que nunca recibió ningún pedido de información del medio. “Jamás me consultaron nada. Sólo me buscó RTS, TVC y unos medios locales. Yo sólo me pronuncié en redes y en la Asamblea”, contó Salinas.
“Si es positivo lo que hace Construye, eso no se visibiliza, pero si hay una denuncia contra un miembro de Construye, eso sí tenía espacio. Entonces era muy a la conveniencia del gobierno”, reveló el informante.
En cuanto a las polémicas de sus 8 meses de gestión, como la incursión en la Embajada de México, la crisis energética, la construcción del proyecto Echo Olón en una zona protegida, la provisión del servicio de alimentación en las cárceles, la entrega de desayunos escolares adjudicada a un empresa en la que Isabel Noboa tiene participación accionaria, la contratación de la barcaza a Karpowership, la virtual reelección de Noboa y sus declaraciones al New Yorker, en El Telégrafo se reducen a una exposición de descargos y alegaciones de funcionarios de gobierno.
Es decir, esos temas se abordan desde un enfoque reactivo y que apologiza al gobierno, dando la apariencia de que sus respuestas a los cuestionamientos de los que es blanco son concluyentes.
Por citar algunos ejemplos, El Telégrafo publicó notas sobre la irrupción en la sede diplomática de México que destacan las motivaciones y los argumentos del gobierno ante la Corte Internacional de Justicia; más no el hecho en sí. Una lógica similar operó con las publicaciones respecto del denominado caso Olón: el medio se limitó a recopilar las declaraciones de la secretaria de Comunicación, Irene Vélez, de la ministra de Ambiente, Sade Fritschi, y del propio presidente Noboa, en las que se descartaba que el proyecto urbanístico se asentaría en una zona protegida.
En lo que respecta al contrato de desayunos escolares, El Telégrafo publicó, el 1 de junio, una nota sobre la suscripción del contrato para la provisión de desayunos escolares. En los días posteriores, el portal Primicias expuso la participación accionaria del Grupo Noboa en Agroindustrias San Esteban C.A. AGRIESTEBAN, empresa que a su vez tiene un 0.13% de participación en la Sociedad Industrial Ganadera EL ORDEÑO S.A.
Y, acerca del perfil publicado por The New Yorker tras la visita y acompañamiento de Jon Lee Anderson, El Telégrafo introdujo la nota con un contexto sucinto y a continuación citó a Irene Vélez, quien dijo que las declaraciones de Noboa fueron sacadas de contexto, ya que “se dieron entre el presidente y el periodista en un tono coloquial”.
Estas son sólo algunas muestras concretas de la centralización de los medios públicos bajo el mando del gobierno.