Álvaro Espinosa
Periodista
Los datos que se presentarán en el informe de la Contraloría General del Estado, a propósito de la auditoría realizada a los contratos de CELEC con Progen, para la instalación de 149 MW en las centrales de Quevedo y Salitral, con 49 motores de generación térmica, revelan múltiples irregularidades.
Los hallazgos preliminares fueron expuestos en una audiencia reservada, el pasado 2 de julio, a la que concurrieron los funcionarios presuntamente responsables de los fallidos contratos. LA DEFENSA tuvo acceso a esos datos y ha consultado a funcionarios de CELEC y el mismo Ministerio de Energía para esta entrega. Aún no hay respuesta.
Los vicios de origen en ambos proyectos se remontan a la gestión de actividades precontractuales que antecedieron a la promulgación de la declaratoria de emergencia y que fueron realizadas sin firmas de responsabilidad ni autorizaciones por escrito.
Recién el 9 de junio de 2024, mediante el “Informe Técnico Económico Insumo para Declaratoria de Emergencia en la Corporación Eléctrica del Ecuador – CELEC EP, las Direcciones de Producción y de Planificación y Desarrollo de Proyectos de la Expansión de CELEC, concluyeron que era necesaria la incorporación inmediata, “o en el mínimo plazo posible”, de nueva capacidad de generación firme conectada al S.N.I. para mitigar la emergencia que atravesaba el sector tras una severa sequía que produjo un descenso continuo en los niveles de los embalses.
En ese sentido, el informe recomendaba al gerente general subrogante de CELEC, que para entonces era el actual viceministro de electricidad, Fabián Calero, que declare en emergencia la empresa pública para lograr la contratación emergente de generación termoeléctrica.
Consecuentemente, señalaron que las necesidades de contratación que guardaban relación estricta, directa y objetiva con la problemática de la emergencia expuesta, eran las contrataciones emergentes de 50 MW para la central de Quevedo y los 100 MW para El Salitral, con un presupuesto estimado de $49 millones y $97 millones, respectivamente.
Así, Calero, el 10 de junio de 2024, declaró la emergencia de CELEC, autorizó las contrataciones en Quevedo y Salitral señaladas en el informe y delegó a la Unidad de Negocio Termopichincha su ejecución.
Finalmente, el 4 de julio de 2024, tras un atropellado proceso de contratación, Byron Orozco, gerente de Termopichincha, autorizó el inicio del procedimiento especial de emergencia para la contratación emergente de generación en Quevedo y Salitral, e invitó directamente a PROGEN, a pesar de que no cumplió las especificaciones técnicas, falsificó certificados para acreditar su condición de fabricante autorizado de los motores y presentó una oferta elaborada 130 días antes de la emergencia. Esta es la verdad sobre PROGEN.
Manifestaciones de interés previas a la declaratoria de emergencia
Antes de la declaratoria de emergencia en CELEC, Calero, el 23 de mayo de 2024, emitió directrices de cumplimiento obligatorio dirigidas a Directores, Asesores, Jefes Corporativos y Gerentes de Unidades de Negocio, en las que dispuso, entre otras acciones prioritarias, “ejecutar las contrataciones de emergencia”, sin precisar el tipo de contrataciones a las que hacía referencia, ni definir su alcance.
Seguidamente, la Directora de Planificación y Desarrollo de Proyectos de Expansión de CELEC, Irene Cuenca, en funciones del 16 de mayo al 5 de junio de 2024, mediante correos de 23, 29 y 30 de mayo de 2024, insistió a la Gerente de la Unidad de Negocio Termopichincha (E), Elizabeth Paguay, en funciones del 22 de febrero al 16 de junio de 2024, que se remitió a su correo electrónico el enlace para acceder a las fichas técnicas y al borrador de los TDRs para el desarrollo de la documentación de los procesos de emergencia, misma que debía ser enviada hasta el 30 de mayo, incluyendo informe de necesidad, pliegos y TDRs definitivos.
Asimismo, la exgerente de Termopichincha adjuntó, según el ente de control, mensajes de Whatsapp desmaterializados y notarizados, que intercambió con la Directora de Planificación, entre el 3 y 4 de junio de 2024, en donde se abordaba posibles invitaciones a proveedores y revisión de cotizaciones del proceso de contratación por emergencia.
En uno de estos mensajes, de 4 de junio de 2024, (a las 11h33 am), la referida Directora remitió “el listado de posibles proveedores”, en el cual se evidenció nombres de 13 proveedores, entre nacionales e internacionales, tales como: Austral Tecnical Management (que tiene un contrato de generación en Esmeraldas), BLINDOBARRAS LATAM, BUKE, Constructora DV Santos, DYGOIL. CIA. LTDA., ELLIOT ENGINEERING, EQUITEC S.A., GDS INC, Global Marine Power LLC, ICV Representaciones, JFS Energy Group INC, H&S Industries LLC – PROGEN y ACFTEC, con opciones de venta y alquiler de unidades estacionarias y móviles.
LA DEFENSA supo que la Contraloría habría determinado que la exdirectora realizó gestiones preliminares relacionadas con términos de referencia y pliegos para las contrataciones emergentes de Salitral y Quevedo, sin contar con autorización escrita previa a la declaratoria de emergencia. Además, habría participado en la gestión de fichas técnicas y listas de proveedores sin evidenciar metodología formal ni autorizaciones documentadas y remitió la lista de proveedores de manera informal, “comprometiendo la transparencia y publicidad del proceso”.
En tanto que la exgerente de Termopichincha, según el ente de control, gestionó la elaboración de fichas técnicas para los procedimientos especiales de contratación emergente de generación térmica terrestre en Quevedo y Salitral, sin evidenciar el análisis que fundamente las características técnicas ni contar con firmas de responsabilidad. Asimismo, solicitó manifestaciones de interés a proveedores antes de la emisión de la declaratoria de emergencia.
Por otra parte, el 5 y 6 de junio, el subgerente de Producción de Central Térmica, Carlos Villacis, envió las fichas técnicas para los contratos en Quevedo y Salitral a la exgerente de Termopichincha, quien a su vez las envió por el mismo medio al Director de Planificación, José Xavier Aimara, en funciones del 6 de junio al 12 de diciembre de 2024.
Este último, el mismo 7 de junio, remitió sus observaciones en ambas contrataciones emergentes y solicitó a la exgerente de Termopichincha que proceda con las manifestaciones de interés, sin contar con la autorización formal para ejecutar procesos bajo régimen emergente ni con la declaratoria de emergencia emitida por la máxima autoridad de CELEC.
Producto de aquello, dice personal de Contraloría a LA DEFENSA, el 7 de junio del mismo año, la exgerente (E) de Termopichincha, a través del correo electrónico “MAT-interes.gasnatural-ac@celec.gob.ec”, solicitó a varios destinatarios, la presentación de manifestaciones de interés y la propuesta técnica – económica remitiendo la “Ficha Técnica”, que incluía requerimientos relacionados a la razón social de las empresas, tiempo de ejecución de la obra, garantía postventa, entre otros puntos, y cuya fecha límite de presentación era el 12 de junio; es decir, hasta dos días después de recién declarada la emergencia en CELEC por Calero.
El mismo 7 de junio de 2024, la exgerente de Termopichincha le sugirió a Calero que los procesos de contratación de la Generación Terrestre emergente se los lleve a cabo a nivel Corporativo; “considerando la participación de las Unidades de Negocio como apoyo técnico y operativo en las fases preparatorias”, sin embargo, el exgerente de CELEC ignoró esa recomendación.
Esto, de acuerdo a los correos electrónicos notarizados a los que accedió LA DEFENSA.
De ahí que los inspectores del informe observaron que la solicitud de manifestaciones de interés para los proyectos en Salitral y Quevedo se realizó previamente a la emisión de esta resolución, sin evidencia de autorización expresa para anticipar dichos procesos.
Además, la información sobre los oferentes y sus manifestaciones de interés, que la exgerente de Termopichincha envió al Director de Planificación, no contaba con la documentación de respaldo que evidenciara la recepción de las propuestas de cada empresa.
De allí que los hallazgos del personal de Contraloría expliquen que hubo gestiones preparatorias dirigidas a la elaboración de fichas técnicas sin firmas de responsabilidad, la identificación informal de posibles proveedores, la solicitud de manifestaciones de interés para el sondeo de mercado y la definición de especificaciones técnicas; sin embargo, dichas actuaciones no contaron con respaldos documentales que sustenten la metodología empleada ni con autorizaciones formales que justifiquen su ejecución conforme al marco legal aplicable.
Y, por si fuera poco, los archivos almacenados en el correo utilizado para el envío y recepción de las manifestaciones de interés, conforme la política de gestión de correo institucional, tuvieron una vigencia de 90 días, por lo que al momento del requerimiento ya no estaban disponibles para verificar las referidas propuestas.
PROGEN no cumplió las especificaciones técnicas requeridas
El 20 de junio de 2024, la Operador Sala de Control, Gabriela Toazo, el Jefe de Programación de Control, Holger Jaramillo, y el Subgerente de Producción de CELEC, Carlos Villacis, elaboraron, revisaron y aprobaron, en su orden, el Informe de Manifestaciones de Interés, según fuentes de Contraloría que estuvieron detrás del examen, sin adjuntar información documental que respalde la pertinencia y formalidad de las fichas técnicas, con el objetivo de realizar un sondeo del mercado para identificar bienes y obras disponibles, y validar las especificaciones técnicas.
En el numeral 5 de ese informe, de acuerdo al análisis del ente de control, constó la recepción de manifestaciones de interés de ocho proveedores identificados genéricamente como “Oferente #1” a “Oferente #8”, en el que señaló que las propuestas fueron objeto de una “evaluación técnica y económica”, no obstante, no se demostró correspondencia directa entre cada propuesta recibida y el proveedor que la remitió, ni se documentó el vínculo con los correos electrónicos enviados o recibidos mediante la cuenta institucional habilitada para este proceso.
Además, dos de los proveedores invitados, en el caso de Salitral, no fueron identificados oportunamente, por cuanto fueron nombrados como “Oferente 1” y “Oferente 3”, sin datos que permitan determinar la información remitida.
En cuanto a Quevedo, ocurrió lo mismo con tres proveedores, que fueron nombrados como “Oferente 3”, “Oferente 5” y “Oferente 6”.
En otras palabras, no se pudo establecer la relación entre los oferentes y las manifestaciones recibidas, por lo que no se pudo verificar la trazabilidad ni la transparencia del proceso de convocatoria y recepción de propuestas.
Aun así, en el mismo apartado del Informe de Manifestaciones de Interés, según refieren las fuentes de Contraloría a LA DEFENSA, se concluyó que, al comparar las propuestas presentadas, las características técnicas, económicas y de plazo mínimas más beneficiosas para CELEC, respecto del contrato del Salitral, eran equipos con año de fabricación, al menos, de 2020; tiempo de entrega en 160 días, acorde con los plazos más cortos propuestos en las manifestaciones de interés; valor referencial por cada MW instalado de $994.250; y que los grupos electrógenos sean nuevos.
Para Quevedo, ese plazo difirió en apenas 20 días, de modo que se fijó un tiempo de entrega de 140 días para las soluciones electrógenas.
En el numeral sexto del informe sobre manifestaciones de interés, se indicó que, en ambos procesos, 5 oferentes cumplieron con los requerimientos técnicos mínimos, sin embargo, no se identificaron a los proveedores seleccionados ni cómo sus propuestas fueron consideradas en el análisis que definió las especificaciones técnicas mínimas. Tampoco no se evidenció una justificación técnica o económica independiente que respalde el valor referencial utilizado como parámetro para la contratación, ni la experiencia y fiabilidad de los proveedores.
En el apartado de Resumen de Suministro General, contenido en el Informe de Manifestaciones de Interés, para El Salitral, se ofrecieron 29 generadores de potencia 3.500 kW, que generaría un total de 101.50 MW y se señaló que los módulos de potencia M3500 HFO-6 empleaban motores EMD modelo 20-710, cuyo año de fabricación, según la empresa, era 2024, “equipos totalmente nuevos”.
En tanto que, para Quevedo, Progen ofreció 24 generadores móviles, originalmente para 60 MW, y en las especificaciones se señaló que los módulos de potencia M2500 HFO-6 empleaban motores EMD 20-645, fabricados en el año 2024, asegurando que los equipos eran completamente nuevos.
Esto, no obstante, no correspondía al objetivo general del citado informe, por cuanto la necesidad planteada de la contratación era una solución terrestre emergente de generación termoeléctrica estacionaria y no generadores móviles, tal como ofreció Progen.
LA DEFENSA supo por los datos a los que accedió que el valor referencial por MW instalado utilizado como base, es el mismo que el presentado por Progen en los dos contratos; esto es, $994.250
Para demostrar que era distribuidor autorizado, Progen adjuntó un certificado fechado el 20 de abril de 2024, mediante el cual se auto-acreditó como fabricante de módulos de potencia basados en motores EMD de velocidad media, aptos para operar con HFO y en modalidad dual (HFO-diésel), sin embargo, este certificado no incluyó los datos de contacto telefónico ni el correo electrónico del representante de fábrica que lo suscribió, a pesar de que estos son requisitos establecidos en la Ficha Técnica, “evidenciando que la propuesta no cumplió con los parámetros requeridos para el proceso”.
Pero eso no es todo: en el anexo 3 de la propuesta de Progen para Salitral, se presentó un plano en el que consta la instalación de 29 generadores por un total de 101.50 MW. Lo raro es que esa propuesta tiene como fecha de elaboración el 1 de febrero de 2024, es decir, cuatro meses antes de la declaratoria de emergencia de CELEC.
La misma irregularidad se repite para el caso de Quevedo, en donde, además, Progen incluyó dos planos que representaban la instalación de 14 unidades móviles, con un total de 49 MW; y, un plano que propuso la instalación de 50MW. Esta cantidad y potencia difirieron del “Resumen de propuesta”, donde se ofrecieron 24 unidades móviles de 2 500 kW cada una, sumando 60 MW.
Incluso, en el Informe de Manifestaciones de Interés para ambos contratos, se advierte que existen inconsistencias en la trazabilidad documental, ya que, aunque la fecha de elaboración de los planos corresponde al 1 de febrero de 2024, las fechas de revisión y aprobación constan como 23 de septiembre de 2009.
En ese sentido, no habrían respaldos formales del proceso, tales como selección de proveedores, registros de envío y recepción, evaluación técnica de las propuestas, o autorizaciones documentadas que sustenten los requerimientos formulados antes de la declaratoria de emergencia.
De igual forma, en el informe se omitió un análisis técnico que permita valorar la idoneidad técnica y económica de los proveedores, por cuanto se incluyó PROGEN, que incumplía las características técnicas establecidas en la ficha técnica de junio de 2024, sin acreditar su condición de fabricante de las unidades de generación.
Asimismo, hubo problemas en la identificación de los oferentes, al punto de que no se logró establecer la correspondencia directa entre las propuestas y sus remitentes, ni se presentó un análisis detallado que sustente la definición técnica y económica de los parámetros utilizados para que el valor referencial corresponda al presupuesto presentado por PROGEN, “cuya propuesta no cumplió con las características técnicas requeridas en la ficha técnica, y su documentación tuvo fechas anteriores a la declaratoria de emergencia”.
PROGEN no era fabricante ni distribuidor autorizado de los generadores
En el Informe de Manifestaciones de Interés, del 20 de junio de 2024, en el apartado de “Suministro General”, PROGEN detalló que, para el contrato en El Salitral, ofrecía 29 generadores de potencia 3.500 kW, once generadores marca “KATO” y diez y ocho (18) generadores marca “BAYLOR” con sus respectivos números de series, todos con 0 horas de uso, que generarían un total de 101.50 MW. Estos equipos eran módulos de potencia M3500 HFO-6 empleaban motores EMD modelo 20-710 y cuyo año de fabricación, supuestamente, era 2024, “totalmente nuevos”.
Un caso análogo ocurrió para el contrato de PROGEN en Quevedo: a este respecto, la empresa señaló que ofertaba 24 generadores móviles de 2.500 kW cada uno para generar, inicialmente, 60 MW. En este caso, se señaló que los módulos de potencia M2500 HFO-6 empleaban motores EMD 20-645, fabricados en el año 2024, asegurando que los equipos eran completamente nuevos.
No obstante, en comunicación del 19 de junio de 2025 dirigida a la Contraloría, el Vicepresidente de la Red de Distribuidores Progress Rail Locomotive (PRL) contradijo las afirmaciones de PROGEN y explicó, entre otros aspectos, la vinculación entre EMD, la empresa Resource Power Group (RPG) y PROGEN INDUSTRIES LLC, los tiempos estimados de entrega de motores, la fabricación de los modelos 20-645 y 20-710 que fueron adquiridos por CELEC, los distribuidores autorizados de esos equipos, las condiciones de garantía, el uso de combustibles tipo HFO4 o HFO6, y las especificaciones de operación de los motores.
Mediante un certificado fechado el 20 de abril de 2024, PROGEN acreditó como fabricante de módulos de potencia basados en motores EMD de velocidad media, aptos para operar con HFO y en modalidad dual (HFO-diésel).
En las cartas del fabricante, firmadas manuscritamente, la empresa detalló los números de serie de 20 generadores PROGEN M2500 HFO-6 a suministrar para la planta de Quevedo, describiendo motores marca EMD 20/645/EBH (18 generadores) y dos adicionales de marcas EMD-AB y BAYLOR, todos con 0 horas de uso; no obstante, el documento fue suscrito por el Director de PROGEN y no por el distribuidor autorizado ni fabricante.
En cuanto a Salitral, en el mismo sentido, se enlistaron los números de serie de 29 generadores PROGEN M3500 HFO-6 a suministrar, describiendo motores marca EMD 20/710GH (29 motores), once generadores marca “KATO” y diez y ocho (18) generadores marca “BAYLOR” con sus respectivos números de series, todos con 0 horas de uso.
Lo cierto es que PRL refirió que es el fabricante original de los motores EMD (OEM, por sus siglas en inglés) y es el único productor a nivel mundial de motores nuevos de la marca EMDS. Esa empresa, según su escrito, tiene su sede en los Estados Unidos y opera mediante una red global de distribuidores. Para el caso de Ecuador, Resource Power Group (RPG) es el único distribuidor autorizado de motores, repuestos y servicios OEM de la marca EMD, por lo que “PRL no mantiene ninguna relación con PROGEN Industries LLC”.
Con relación al año de fabricación de los equipos vendidos a CELEC, PRL indicó que el modelo EMD 20-645, adquirido para la central de Quevedo “no ha sido producido para aplicaciones no ferroviarias (incluida la generación eléctrica) desde el año 2005, y fue descontinuado oficialmente en 2009”, con la transición comercial hacia la plataforma de motores modelo 710.
El modelo EMD 20-710, que se compró para El Salitral, no ha sido producido para aplicaciones no ferroviarias desde el año 2019; sin embargo, sigue siendo un producto vigente y puede ser fabricado para generación eléctrica, siempre y cuando se reciba una orden formal de compra.
Es decir, los modelos no se encontraban en producción para aplicaciones de generación eléctrica desde los años 2009 (modelo 20-645) y 2019 (modelo 20-710), respectivamente, y requerían pedidos formales con tiempos mínimos de entrega de 13 meses, condiciones que difieren por completo de las propuestas de PROGEN.
De hecho, para El Salitral, esa empresa incluyó un listado detallado de componentes y servicios asociados al suministro, así como un plazo de ejecución de 16 semanas, sin que se especifique la ejecución de obra civil requeridas para la instalación de los generadores conforme lo solicitado en la Ficha Técnica de junio de 2024.
Esto se repitió en el contrato de Quevedo, con la diferencia de que el plazo de ejecución se redujo a 12 semanas y se ofreció generadores móviles, los cuales no correspondían al objetivo general del Informe de Manifestación de Interés, por cuanto la necesidad planteada era una solución terrestre emergente de generación termoeléctrica estacionaria.
La garantía técnica presentada por PROGEN para ambos proyectos tenía, supuestamente, una vigencia de hasta 3 años después de la entrega-recepción definitiva de los equipos. Además, la empresa se comprometía a reemplazar cualquier pieza o material de los generadores, con defectos de fabricación, en un plazo no mayor a 30 días. Pero PROGEN, además, entregó otra garantía por defectos de fábrica por 40 años, a partir de la puesta en funcionamiento de los generadores.
Sobre su garantía estándar para motores, PRL precisó que cubre «defectos en materiales y mano de obra que fallen dentro de los 24 meses posteriores a su puesta en servicio, pero no más de 30 meses desde la fecha de entrega del equipo». Existen exclusiones, incluyendo casos de uso indebido, sobrecarga, accidentes, negligencia, entre otros.
Pero, sobre todo, y más grave, PRL aclaró que sus registros no reflejan ventas de motores a la Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC EP). Así también, confirmaron que RPG es el único distribuidor autorizado de motores OEM de la marca EMD.
“Si bien PRL puede autorizar a más de un distribuidor por territorio, no existe ninguna otra entidad autorizada para distribuir motores EMD en el Ecuador al momento”. En otras palabras, PROGEN falsificó una acreditación como fabricante y distribuidor autorizado, tanto en sus manifestaciones de interés como en sus propuestas.
Finalmente, esa empresa precisa que los motores EMD modelos 645 y 710 no deben ser operados con fuelóleos pesados (HFO6 o HFO4), a diferencia de lo que PROGEN proponía (HFO o combustible dual con diésel).
Autorización de contrataciones emergentes con presupuestos sin sustento
En el marco de la emergencia eléctrica, el 21 de junio, la Operador Sala de Control Central Térmica – Tablerista, Gabriela Toazo, el Jefe de Mantenimiento, Edwin Taco, y el Subgerente de Producción de Generación Térmica Encargado, Carlos Villacis, suscribieron el Informe de Necesidad de la Contratación, al amparo del Informe Técnico Económico Insumo para Declaratoria de Emergencia en la Corporación Eléctrica del Ecuador – CELEC EP de junio de 2024, actualizado el 10 de junio de 2024, en el que se concluyó que Termopichincha, a través de su área técnica requirente, justificó la necesidad de iniciar el proceso para la contratación emergente de generación terrestre en Quevedo y Salitral.
Ese mismo equipo técnico elaboró, revisó y aprobó las especificaciones técnicas para la entrega de una solución termoeléctrica estacionaria que incluyó diseño, construcción de obras civiles, instalación, puesta en marcha, y mantenimiento, con un plazo de ejecución de 140 y 160 días calendario, respectivamente. Se estableció como requisito que los equipos fueran nuevos, fabricados a partir del año 2020, con certificado de fabricante que acredite año y número de serie.
La Jefa de Adquisiciones (E), Erika Chévez, mediante correo electrónico de 21 de junio de 2024, notificó al Gerente de Termopichincha, Byron Orozco, el detalle de los ítems solicitados, publicado en el portal de “Necesidades de Emergencia” del SERCOP, con precio referencial de $99 425 000,00 y potencia total de 100 MW para Salitral; y para Quevedo un precio referencial de $49 712 500,00, para una potencia total de 50 MW, a fin de que los proveedores presenten sus cotizaciones en un plazo de entrega del 21 al 24 de junio de 2024.
En respuesta a esto, el 25 de junio, Fabián Calero, mediante una resolución, dispuso al Gerente de Termopichincha que realice las gestiones necesarias para el cumplimiento de la declaratoria de emergencia del 10 de junio de 2024 y autorizó el inicio del procedimiento especial emergente para Salitral, con un presupuesto estimado de $97 millones asignado a El Salitral y $49 millones correspondientes a Quevedo; presupuestos estimados que no contaron con el estudio de mercado finalizado, ni la certificación presupuestaria correspondiente, supo este medio.
Además, se evidenció que, antes y hasta 15 días después de la emisión de la resolución de emergencia, ya se habían iniciado actividades propias del procedimiento especial emergente, tales como la solicitud y elaboración de informes de manifestaciones de interés, el informe de necesidad y las especificaciones técnicas. Sin mencionar que, a la fecha de emisión de dicha resolución, ya estaba en curso un proceso para establecer el presupuesto referencial.
En consecuencia, la autorización del procedimiento especial de emergencia se realizó durante la fase de estudio de mercado, sin contar con un sustento presupuestario consolidado ni documentación que justifique el valor estimado utilizado para emitir la citada resolución.
Adicionalmente, la entidad de control indicó que, para el contrato de Quevedo, se consideraron las certificaciones presupuestarias TPI-2024-0000489 y TPI-2024-000491-C, de 2 de junio de 2024; sin embargo, estas correspondieron al 2 de julio de 2024 por $4 millones y $45,7 millones respectivamente, que totalizaron un presupuesto estimado de $49,7 millones.
Es decir, fueron emitidas con posterioridad a la resolución que autorizó el inicio del procedimiento, para el que ya se había establecido un presupuesto estimado de $49 millones y que, además, fue suscrita el 25 de junio de 2024 por Calero, un día después de que venciera el plazo otorgado para la presentación de cotizaciones. Ese insumo fue clave para la determinación del presupuesto del proceso.
Deficiencias en la conformación de comités y elaboración del estudio de mercado posterior a la Resolución de inicio del procedimiento de contratación emergente
Byron Orozco, Gerente de Termopichincha, el 26 de junio de 2024, designó al Comité de Apertura de Ofertas, conformado por la Jefa de Adquisiciones, Encargada, Erika Chávez, el Subgerente Jurídico, Cristhian Dahik, el Jefe de TIC, el Jefe de Mantenimiento Guangopolo, Juan Carlos Cornejo, y la Operador Sala de Control Central Térmica – Tablerista, Gabriela Toazo.
Los miembros designados suscribieron el “Acta de apertura de procedimiento especial de emergencia”, en la que constan las cotizaciones recibidas de tres proveedores incluyendo a PROGEN.
Posteriormente, Orozco, mediante tres memorandos emitidos entre el 26 y 27 de junio de 2024, conformó el “Comité de calificación para la contratación emergente de generación térmica terrestre Quevedo – Salitral”, integrado por el Jefe de Centrales Quito, el Jefe de Operación, Encargado, el Supervisor de Mantenimiento – Eléctrico de la Central Térmica Guangopolo y el Supervisor de Operación de la Central Térmica Guangopolo, a quienes se dispuso revisar la información disponible y determinar el oferente que cumpliera con las características técnicas requeridas.
Al efecto, se remitió al correo electrónico “oferta_salitral@celec.gob.ec” un enlace con las cotizaciones recibidas e indicó un plazo de 48 horas para emitir la evaluación correspondiente.
Adicionalmente, se solicitó la elaboración del estudio de mercado, que debía contener la recomendación del proveedor que cumpliera con las especificaciones técnicas, el plazo de entrega y la oferta económica.
En cumplimiento a lo dispuesto, el Comité de Calificación, el 28 de junio de 2024, remitió al exgerente de Termopichincha el Estudio de mercado para la determinación del presupuesto referencial, en el que se indicó que, dentro del plazo establecido, se recibieron dos proformas correspondientes a las empresas PROGEN y CONSTRUCTORA DVSANTOS S.A.
En el caso de El Salitral, las ofertas ascendieron a $99,4 millones y $97,9 millones, con plazos de entrega de 120 y 360 días, respectivamente.
En cambio, para Quevedo se presentaron ofertas ascendieron a $49,7 millones y $51,5 millones, con plazos de entrega de 95 y 360 días, respectivamente.
A este respecto, en el numeral 3 del citado informe, el Comité de Calificación señaló, como presupuestos referenciales para ambos proyectos, los valores proformados por PROGEN, por $99,4 millones y $49,7 millones, “por presentar el menor plazo de entrega”.
Por otro lado, en el estudio de mercado se resumieron las novedades existentes en las dos ofertas, destacando que la empresa CONSTRUCTORA DVSANTOS S.A. presentó su oferta económica por $97,9 millones, con un plazo de entrega de 360 días para ambos proyectos, incumpliendo el plazo máximo referencial de 140 y 160 días, respectivamente, y registró 11 ítems observados en su propuesta; mientras que, PROGEN presentó cotizaciones por $99,4 y $49,7 millones, con un plazo de entrega de 95 días y 120 días y varios incumplimientos en donde “no presentó lo requerido”.
Por ejemplo, la carta del fabricante de los motores de combustión interna fue emitida por el mismo proveedor, cuando debían ser remitidos por el distribuidor autorizado de los grupos electrógenos; PROGEN tampoco adjuntó a su cotización un certificado del fabricante que acredite el año de fabricación de los motores, la condición de nuevo del equipo y los números de serie correspondientes.
Justamente, desde las autorías del informe se advierte que ese estudio de mercado, en ambos proyectos, fue elaborado con base en dos proformas obtenidas a través del portal, las cuales no cumplieron con las especificaciones técnicas ni presentaron características homogéneas que permitieran una comparación objetiva.
A pesar de estas limitaciones, se determinó un presupuesto referencial de $49,7 millones para la central de Quevedo, y de $99,4 millones para El Salitral, exentos de IVA, con plazos de ejecución de 95 y 120 días, respectivamente, tomando como criterio el menor tiempo de entrega.
Sin embargo, las especificaciones técnicas contienen un plazo de 140 días, el mismo que la Comisión de Calificación mediante “ALCANCE AL ESTUDIO DE MERCADO PARA LA DETERMINACIÓN PARA EL PRESUPUESTO REFERENCIAL (…)” adjunto al memorando CELEC-EP-TPI-2024-3101-MEM de 1 de julio de 2024, en donde indicó, al Gerente de Termopichincha que no tenía potestad para modificarlo.
Por ello, se habría observado que Orozco no consideró la alerta de la comisión técnica sobre la imposibilidad de cumplir con el plazo inicialmente establecido debido a la naturaleza del proyecto, y se emitieron resoluciones de inicio con plazos de 95 y 120 días, respectivamente, sin que conste documentación que justifique ni respalde la modificación de dichos parámetros ni la adecuación a los requerimientos técnicos.
Además, los miembros de la Comisión de Calificación elaboraron los presupuestos referenciales de Salitral y Quevedo, con base en dos cotizaciones que no cumplían con las especificaciones técnicas requeridas, recomendaron invitar a PROGEN, a pesar de que no acreditó ser fabricante de las unidades de generación ni presentó información que respalde el cumplimiento de las características técnicas exigidas; no valoraron integralmente las observaciones entre las propuestas y los planos de implementación, ni solicitaron aclaraciones respecto a la elaboración anticipada de dichos documentos, que fueron elaborados 130 días antes de la declaratoria de emergencia.
A pesar de las observaciones descritas, la Comisión de Calificación suscribió el “Informe de Recomendación para Procesos de Contratación Emergente”, el 3 de julio de 2024, en donde recomendó al Gerente de Termopichincha que invite directamente a PROGEN argumentando que su proforma presentaba menos observaciones para el suministro de generación.
El presupuesto referencial asignado ascendió a $99,4 millones para El Salitral; es decir, $2,4 millones más que el valor estimado en la resolución de inicio emitida por Calero el 25 de junio de 2024.En el caso de Quevedo, el valor referencial incrementó en $700.000 adicionales, hasta $49,7 millones.
Producto de aquello, el Subgerente Financiero de Termopichincha, suscribió las certificaciones presupuestarias TPI-2024-000492-C y TPI-2024-000494-C de 2 de julio de 2024, por $4 millones y $95,4 millones respectivamente, totalizando un presupuesto de $99,4 millones.
De igual forma, esa misma fecha suscribió las certificaciones presupuestarias TPI-2024-000489-C y TPI-2024-000491-C por $4 millones y $45,7 millones, respectivamente, totalizando un monto de $49,7 millones.
Con ese insumo, el 4 de julio de 2024, el gerente de Termopichincha, Byron Orozco, autorizó el inicio del procedimiento especial de emergencia para la contratación emergente de generación en Quevedo y Salitral e invitó directamente a PROGEN.
Otra novedad es que, en ambos procesos, se emitieron dos resoluciones de inicio con el mismo propósito: la del 25 de junio que expidió Calero y la del 5 de julio que emitió Orozco, sin evidencia documental que sustente la emisión de dos resoluciones para un único proceso, más aún sin un estudio de mercado que evidencie la estimación del presupuesto de $97 millones y $49 millones.
Ese presupuesto devino, dicen las fuentes a LA DEFENSA, de un sondeo de mercado”, pero el monto no contaba con el estudio de mercado finalizado y la certificación presupuestaria correspondiente, por lo que la autorización del procedimiento especial de emergencia se realizó durante la fase de estudio de mercado, sin contar con un sustento presupuestario consolidado ni documentación que justifique el valor estimado utilizado para emitir la citada resolución.
Es decir, en ambos contratos con PROGEN se evidenciaron la ejecución de actividades sin respaldo técnico ni legal previas a la declaratoria de emergencia, falta de criterios técnicos para la calificación del proveedor, la utilización de propuestas que no cumplían con los requisitos mínimos como base para determinar presupuestos referenciales e incluso la emisión de certificaciones de fabricante autorizado falsas.
Todo, en dos contratos fallidos de $149 millones que escalaron a arbitrajes de emergencia y cuyos incumplimientos dejaron al Estado sin un mega adicional de generación para enfrentar el próximo estiaje.
