Por Álvaro Espinosa / Quito
aespinosa@ladefensa
El Ministerio de Defensa, el 19 de agosto de 2024, firmó un contrato por $ 34,2 millones con la empresa High End Defense Solutions para la compra de 30.400 chalecos de protección balística y 31.416 cascos.
Esto, como parte de las acciones de aprovisionamiento militar, en el marco del supuesto conflicto armado interno decretado por el presidente/candidato Daniel Noboa, en enero de 2024.
Esa empresa, por los incumplimientos en los que incurrió en un contrato de compra de munición suscrito con la Policía Nacional, fue declarada contratista incumplida; es decir, está inhabilita de firmar contratos con el Estado.
Con pleno conocimiento de esta situación y a pesar de que esa empresa interpuso sendas acciones legales contra el propio Gobierno al que se pertenece, el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, concretó la millonaria negociación con HEDS y compró un lote de cascos y chalecos, cuya funcionalidad, de acuerdo con varias voces a la interna de la Fuerza Terrestre, no está garantizada.
LAS LEGULEYADAS DE HIGH END DEFENSE SOLUTIONS PARA ALZARSE CON EL CONTRATO
En vista del incumplimiento de High End Defense Solutions en los plazos de entrega de la munición comprada por la Comandancia de la Policía, el 6 de febrero de 2023, Fausto Salinas, excomandante General, el 18 de septiembre de 2023, rechazó la prórroga solicitada por Franklin Esparza, entonces apoderado de esa compañía, e impuso una multa a la contratista por $ 220.826.
Luego de esto, el 8 de diciembre de 2023, César Zapata, también excomandante de la Policía, dispuso la terminación unilateral del contrato con High End Defense Solutions y declaró contratista incumplido a Mark Von Reitzenstein, su exrepresentante, y a Esparza, debido a la entrega parcial (del 50.11%) de un lote de 5,5 millones de munición calibre 5.56×45.
En consecuencia, el 26 de marzo de 2024, la Dirección Nacional de Contratación remitió un oficio a la directora general del SERCOP, Deborah Jones Faggioni, con la información de HEDS para la declaratoria de contratista incumplido, pero el 9 de abril lo rechazó, en principio, porque se trataba de una compañía extranjera.
En lo posterior, el 24 de julio de 2024 el SERCOP solicitó a la Policía que aclare su petición inicial para incluir a High End Defense Solutions como contratista incumplido y, dos días después, el 26 de julio, la Policía envió su contestación al SERCOP.
Ese mismo 24 de julio, Jaime Vela, Jefe del Comando Conjunto, envió un oficio al ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, alertándolo sobre el registro de HEDS como contratista incumplido. Además, le solicitó que se delegue a los militares la compra de chalecos. Loffredo, evidentemente, ignoró esta alerta y continuó el proceso, a pesar de que se trataba de una empresa cuestionada y que restauró su acreditación temporalmente, mediante leguleyadas y acciones judiciales en contra de la mismísima exministra del Interior, Mónica Palencia.
El 31 de julio, como parte de una acción de protección con medida cautelar interpuesta por la empresa, el SERCOP recibió la orden judicial de suspender provisionalmente la sanción de contratista incumplido impuesta contra HEDS, hasta que se resuelva su situación jurídica en la audiencia fijada para el 16 de agosto y que finalmente fue suspendida debido a supuestos problemas de conexión.
En ese margen de tiempo, justamente, la empresa aprovechó el levantamiento temporal de su inhabilidad para firmar el millonario contrato de chalecos con el Ministerio de Defensa. Además, el 1 de agosto, High End Defense Solutions notificó a esa Cartera de Estado con el cambio de su representante y apoderado. Y, el 19 de agosto, suscribió el contrato de $ 34,2 millones.
Paralelamente, la jueza Andrea Ordóñez, de la Unidad Judicial con sede en Samborondón, convocó a la audiencia para el 4 de septiembre a las 13h30, pero tampoco se instaló porque el abogado de HEDS, Eusebio Gaibor, solicitó su diferimiento.
Al efecto, el jurista presentó un certificado médico con diagnóstico de faringitis aguda. El detalle es que, según el director de Patrocinio Judicial del Ministerio del Interior, el abogado suplantó la identidad de un homónimo para postergar la audiencia.
Por todo ello, el ministerio del Interior y el SERCOP ingresaron sendos escritos solicitando a la jueza Ordóñez que emita una nueva convocatoria para la audiencia y que revoque las medidas cautelares con las que se levantó la suspensión a HEDS como contratista incumplido.
Finalmente, el 16 de septiembre, casi un mes después de la firma del contrato por USD 34,2 millones para la compra de cascos y chalecos, el abogado de High End Defense Solutions presentó el desistimiento de la acción de protección.
En tanto que el 24 de septiembre, la jueza Ordóñez notificó al SERCOP, al Ministerio del Interior y a la Policía con el auto de archivo de la acción de protección y la revocatoria de las medidas cautelares, luego de que la defensa de HEDS desistiera del recurso.
En virtud de esto, el 3 de diciembre de 2024 High End Defense Solutions ingresó, nuevamente, al sistema de proveedores incumplidos, sin embargo, todo este cálculo judicial permitió que la empresa obtuviera un millonario contrato, a pesar de su impedimento.
LA EMPRESA QUE DEMANDÓ AL GOBIERNO Y LOFFREDO PREMIÓ CON UN MILLONARIO CONTRATO
Por la declaratoria de contratista incumplido, High End Defense Solutions, a través de su exapoderado, Franklin Esparza, respondió, el 22 de diciembre de 2023, con una acción de protección presentada en contra de Mónica Palencia, exministra del Interior, César Zapata, excomandante de la Policía, Gustavo Pérez, administrador del contrato de municiones, y Juan Carlos Larrea, Procurador del Estado.
El 25 de enero de 2024, el juez Henry Navarrete, de la Unidad Judicial de Iñaquito, negó la acción de protección. Posteriormente, en marzo de 2024, la empresa apeló esa sentencia; sin embargo, la Corte de Pichincha ratificó el fallo.
A nueve días de que el Ministerio de Defensa le adjudicó el contrato de chalecos (el 19 de julio de 2024), Esparza -nuevamente en representación de la compañía- interpuso, el 28 de julio de 2024, una segunda acción de protección en la Unidad Judicial Penal con competencia en infracciones flagrantes, con sede en la parroquia Mariscal Sucre, en contra del Ministerio del Interior, la Policía y el SERCOP. No obstante, el 29 de julio retiró el recurso sin explicación.
Dos días después, el 31 de julio, High End Defense Solutions presentó la tercera acción de protección con medida cautelar ante la Unidad Judicial Multicompetente con Sede en Samborondón. Justamente con este recurso, la empresa se benefició de la suspensión provisional de la declaratoria de contratista incumplida y pudo firmar el contrato de chalecos con Defensa.
LOS INFORMES QUE PERTURBAN A LOFFREDO
El pasado 6 de enero el teniente coronel de la Fuerza Terrestre, Washington Rosero, mediante informe 2025-001, indicó que las primeras pruebas balísticas realizadas a los chalecos antibalas adquiridos por el Ministerio de Defensa a la empresa High End Defense Solutions por $ 34,2 millones, el 19 de agosto de 2024no cumplieron ningún parámetro técnico de pruebas que permita realizar un análisis.
Eso, en respuesta al oficio Nro. FT-CLT-CLT-UAMG-2024-11374-O, del 31 de diciembre de 2024. La contestación está dirigida al Coronel Wilmer Proaño, Comandante del Comando Logístico Terrestre.
Esta alerta, al parecer, pasó inadvertida, pues el presidente/candidato Noboa, como otro de sus actos campaña sin licencia, entregó los cascos y chalecos en el Fuerte Militar Héroes de Chacras, en la ciudad de Machala, el pasado 13 de enero, con la promesa de “garantizar el bienestar de las familias ecuatorianas”.
Cinco días antes, el teniente coronel Rosero advirtió que las pruebas de resistencia realizadas a los chalecos no correspondían al nivel de blindaje establecido en la Norma NIJ 0101.06.
Ese es el estándar estadounidense que establece los requisitos mínimos de rendimiento y los métodos de prueba para los chalecos antibalas y las placas de blindaje duro con los que se evalúan su resistencia a impactos de traumatismo contundente.
En su análisis, el oficial delegado adjuntó una tabla comparativa sobre la norma NIJ 0101.04 y 0101.06, respecto a la velocidad de la munición medida en m/s.
Para hacerlo más sencillo, con una munición de 9mm, la velocidad obtenida en la prueba alcanzó los 319,75 m/s, lo cual no corresponde a ningún nivel de blindaje, de acuerdo a la normativa.
De hecho, el teniente coronel Rosero explica que la velocidad más próxima corresponde al nivel II A, con 341 ± 9 m/s, pero de acuerdo a la NIJ 0101.04 y el requerimiento del ejército es de nivel III A de la NIJ 0101.06 que corresponde a otros calibres de munición y a velocidades muy superiores.
Para los paneles balísticos Nivel III, de acuerdo a este informe, tampoco se consideraron las velocidades ni el tipo de munición y para los cascos balísticos Nivel III A ni siquiera se realizaron las pruebas por no existir la probeta de prueba que mida su resistencia.
El informe, además, advierte que el administrador del contrato debería haber previsto que las pruebas se lleven a cabo, por lo menos, con las velocidades y munición que dicta la norma NIJ para demostrar la funcionalidad y confiabilidad de los equipos.
Por todo ello, el coronel señala que “no se podría establecer ningún criterio concluyente respecto de los paneles balísticos Nivel III A, placas Nivel III y cascos balísticos Nivel III A, ya que no se tomó en consideración ningún parámetro técnico en las pruebas”.
O sea, según este informe, no se sabe si los cascos y chalecos comprados a High End Defense Solutions cumplen con los mínimos requerimientos para garantizar la protección y la vida de las fuerzas del orden.
El Ministerio de Defensa, en diálogo con este medio de comunicación, rechazó ese informe, pues asegura que fue realizado por una persona ajena a la comisión de entrega y recepción “y no era necesario”.
Gian Carlo Loffredo, ministro de Defensa, aseguró que los chalecos sí fueron probados, entre el 25 y el 28 de noviembre de 2024, en un laboratorio acreditado por el Instituto Nacional de Justicia (NIJ), por sus siglas en inglés.
Las conclusiones del informe levantado por el administrador del contrato, Juan Francisco Martínez Stagg, que no es un militar, y los miembros de la comisión integrada por delegados de la fuerza terrestre, naval y aérea, sugieren que los equipos cumplen con lo establecido en el contrato.
Este medio de comunicación solicitó al Ministerio de Defensa una revisión pormenorizada de este informe, sin embargo, nuestro requerimiento no fue atendido oportunamente, debido a que las autoridades pusieron como condición la firma de un acuerdo de confidencialidad.
Las otras pruebas fueron realizadas el 20 de diciembre en Ecuador y son los hechos en los que se basa el informe del teniente coronel Rosero. Sobre los resultados de esas pruebas hay opiniones divididas: según el Ministerio de Defensa, los chalecos antibalas, incluso ante impactos de munición modificada, registraron alta capacidad de detención. Fuentes militares contradicen esto y aseguran que los chalecos fueron severamente dañados.
Al parecer, a la interna de las FF.AA. existe una suerte de cisma a propósito del tema chalecos. La pregunta es, ¿se trata únicamente de la seguridad o existen motivaciones políticas?
Lo cierto es que LA DEFENSA constató una muestra de los chalecos sometidos a pruebas, tanto en EE.UU. como en Ecuador. Los equipos están compuestos de 20 capas de fibra Honeywell, además de los paneles balísticos nivel NIJ III A y las placas balísticas nivel NIJ III.
En el primer caso, el equipo resistió hasta su quinta capa el impacto del trauma al recibir el disparo de una magnum 44. En el segundo caso, la munición modificada 7.62 de rifle alcanzó la décima capa antes de ser completamente detenida.
En contraste, el mismo día en que el gobierno entregó los cascos y chalecos comprados a High End Defense Solutions, la Fuerza Terrestre emitió un segundo informe en el que advierte que el administrador del contrato expulsó a su comitiva de las segundas pruebas.
Esto, según el informe, por disposición del propio Gian Carlo Loffredo, a quien el administrador del contrato habría contactado vía telefónica. De igual forma, el documento detalla que el representante de HEDS indicó que debía utilizarse la misma munición del 6 de enero.
Es decir, la munición del calibre que no arrojó ningún resultado técnico acorde a la norma NIJ 0101.06, que es el parámetro internacional que mide la resistencia a impactos contundentes. Por ello, en esta ocasión tampoco se pudo determinar el blindaje de los chalecos.
Esto último se incluye en las conclusiones del informe y se destaca que tanto el administrador del contrato como el representante de HEDS se rehusaron, “por temor”, a realizar pruebas con las velocidades y munición requerida, acorde al nivel IIIA.
De igual forma, se advirtió que en la etiqueta de los chalecos se lee que el panel NO está destinado a proteger contra instrumentos afilados o puntiagudos y que la garantía del fabricante es de 8 años + 2, cuando lo requerido eran 10 años de vida útil o más.
Por todo ello, se exige que la empresa presente certificaciones de laboratorios externos que prueben la funcionalidad de los chalecos y se recomienda no permitir que ni el administrador del contrato ni el representante de High End Defense Solutions “impongan su criterio”.
Ahora bien, el proceso de contratación, de entrada, arrancó bajo un régimen que legalmente no correspondía. La Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública, en su disposición derogatoria novena, excluye de su ámbito regulatorio a las contrataciones de bienes de carácter estratégico necesarias para la defensa nacional.
Es decir, la compra de 30.400 chalecos de protección balística y 31.416 cascos realizada por el MIDENA -específicamente por la Coordinación de Bienes Estratégicos- debió ceñirse al Reglamento de Contratación de Bienes para la Defensa Nacional y no a un proceso de Régimen Especial bajo reserva.
Esto, dado que el presidente/candidato Noboa, el 21 de marzo de 2024, expidió el decreto 206 con el que reformó el reglamento a la Ley Orgánica de Contratación Pública para declarar reservadas, por 5 años, las contrataciones que realicen las Fuerzas Armadas (FFAA), Policía Nacional y el SNAI.
Paradójicamente, el gobierno sostiene que esos cambios responden a un compromiso con la transparencia y a la necesidad de romper un círculo de “empresas privilegiadas” que, hasta antes de la administración de Noboa, supuestamente se repartían los contratos de Bienes Estratégicos
Loffredo también contó a este medio de comunicación que, antes de su llegada a la Cartera de Defensa, las acreditaciones como proveedores de bienes estratégicos se abrían un mes al año. En su administración, de acuerdo con su testimonio, el proceso cambió y las certificaciones se realizan durante todo el año y vía online.
Pues bien, el Ministerio de Defensa afirma que HEDS ya estaba acreditada como proveedora de Bienes Estratégicos antes de la firma del contrato. Esto es completamente cierto.
De hecho, con fecha 20 de junio de 2023, mediante resolución No. 005-2023-SUF-CAL, el Ministerio de Defensa calificó a HEDS como proveedor de Bienes Estratégicos y servicios conexos para la defensa nacional.
Con esa acreditación, HEDS podía vender chalecos de protección balística y placas, equipamiento antimotines, cascos, visores tácticos, sistemas ópticos paneles blindados. Eso, desde luego, si no hubiese sido declarada contratista incumplida.
SIMULACRO DE PRUEBAS QUE NO DEMUESTRAN NADA
Tras las revelaciones hechas por LA DEFENSA, en una investigación exclusiva, el ministro Loffredo convocó a la prensa, el 27 de febrero, con el propósito de esclarecer algunos aspectos cuestionados en torno al proceso de contratación y la calidad de los chalecos comprados.
Al efecto, Loffredo pidió que dos periodistas seleccionen, aleatoriamente, un panel balístico y un chaleco para someterlos a una práctica de tiros que evalúe su nivel de resistencia a impactos de traumatismo contundente.
En el primer caso, se realizaron seis detonaciones de munición calibre 9mm, las cuales quedaron alojadas en la segunda capa de un total de 20 de la fibra Honeywell, de fabricación estadounidense. La segunda prueba se realizó con munición de fusil calibre 5.56, con un solo proyectil que impactó en la placa rígida y no presentó deformación en su cara posterior.
Al respecto, Luis Altamirano, excomadante general del Ejército. explicó a este medio de comunicación que las pruebas de Loffredo no demuestran nada, pues la evaluación al nivel de resistencia debía realizarse con una muestra de 28 chalecos, que debían ser sumergidos para recrear condiciones de vulnerabilidad y tenían que soportar 6 tiros de la munición del calibre que determina la Norma NIJ 0101.01 (SIG 357 y Magnum 44); 3 en la parte central y otros 3 en los bordes.
Evidentemente, nada de eso ocurrió, por lo que la constatación del ministro no sirvió en absoluto para esclarecer las dudas razonables sobre la compra de equipo militar a un proveedor incumplido.
LAS INCONSISTENCIAS DE ORIGEN EN LOS PRODUCTOS DE HIGH END DEFENSE SOLUTIONS
Las placas balísticas nivel NIJ III, que el Ministerio de Defensa compró a HEDS, no constan en el listado de productos certificados por el Instituto Nacional de Justicia. Al consultar la información en la página oficial de NIJ, el número de serie de los equipos, que es el BPPE-III-G1, no aparece en el listado.
Es decir, básicamente no existe en los registros oficiales. No sería la primera vez que se encuentran inconsistencias de origen en los productos de HEDS: El lote incompleto de munición 5×56 que la empresa entregó a la Policía, supuestamente, fue fabricado en Estados Unidos, sin embargo, en la vainilla de las balas, se encuentran las iniciales “IK”.
Esas siglas corresponden a la empresa “Igman Konjic”, fabricante de armas y municiones de Bosnia y Herzegovina.
Todo esto nos lleva a la conclusión de que existe una facción de las FFAA que está inconforme con las decisiones del gobierno, al punto de afirmar que a Noboa no le importa la vida de los militares.
Algunos, incluso, han manifestado su interés de que los chalecos que ya fueron entregados, bajo cadena de custodia, sean sometidos a pruebas balísticas con la munición y las velocidades que corresponden. Esa es su garantía de vida. Sin embargo, por temor a represalias, han preferido mantenerse en el anonimato.
OTRO CONTRATO PARA HIGH END DEFENSE SOLUTIONS
El 9 de diciembre, el Ministerio de Defensa firmó un contrato de $ 10,5 millones con Kambio Corporation para comprar prendas de intendencia. El listado de productos comprados por Defensa a Kambio incluyen bolsas de dormir, carpa individual, mochila, poncho de agua, mosquitero, kit sanitario, cinto táctico y porta alimentadoras; estos últimos adquiridos a High End Defense Solutions.
De acuerdo con la ficha técnica del producto, las 200 porta alimentadoras 9mm universal, de fabricación estadounidense, son marca HEDS-MAGPF9-G2, de color verde militar. Es decir, High End Defense Solutions fue subcontratista de Kambio.
Por ello, High End Defense Solutions presentó una garantía técnica, con vigencia de 8 años, para la reparación o reemplazo de las partes de las porta alimentadoras que tengan desperfectos, siempre que se deban a fallos de fabricación.
Pero además de la subcontratación, ¿qué une a High End Defense Solutions con Kambio? Pues bien, Kambio (contratista de prendas de intendencia) pertenece a Bernd von Reitzenstein y Mark von Reitzenstein (exrepresentante de HEDS), actuó como su secretario en esa compañía.
En otras palabras, ambas empresas pertenecen al mismo grupo, pero con otro nombre. De hecho, Bernd von Reitzenstein, representante de Kambio Corporation, también es accionista de la contratista incumplida High End Defense Solutions, cuyo representante es Mark von Reitzenstein.
Con relación a que High End Defense Solutions no podía ser subcontratista de Kambio, esto es falso, pues, según los registros de proveedores incumplidos, la empresa está impedida de tener contratos con el Estado desde el 3 de diciembre de 2024 y fue subcontratada en noviembre.
Esto último, después de que el Director de Asuntos Internos de la Policía determinara que la terminación unilateral del contrato de compra 5.56×45 para la Comandancia, firmado con High End Defense, lleva consigo su declaratoria de contratista incumplido.
Por ello, se presume el presunto cometimiento de una falta leve declaratoria Angelita Pérez, Directora de Contratación de la Policía, debido a que no corrió traslado con la declaratoria de contratista incumplido de HEDS ni la publicó en la página Web institucional.
Ahora bien, para el cobro del anticipo del contrato, que ascendía a $ 3,5 millones, y para la presentación de la garantía de fiel cumplimiento, Kambio contrató, el 4 de diciembre, dos pólizas de reaseguros con Seguros Constitución, con vigencia de 175 días.
El problema es que el 17 de diciembre, la Superintendencia de Compañías dispuso el inicio de la liquidación forzosa de Seguros Constitución, debido a su déficit de inversión obligatoria por aproximadamente -$3,2 millones y a que incumplió con su programa de regularización.
En respuesta, esa empresa interpuso una acción de protección con medidas cautelares contra la Superintendencia de Compañías para dejar sin efecto la resolución del 17 de diciembre, la cesación de su representante, la cancelación de su autorización y otros actos administrativos.
Ese recurso fue aceptado por el Tribunal de Garantías Penales de Guayaquil, “por haberse vulnerado el derecho al debido proceso” y dejó sin efecto la resolución del 17 de diciembre, con la que Luis Cabezas Klaere ordenó la liquidación forzosa de Seguros Constitución.
La decisión fue apelada, el 4 de febrero, por el Procurador Judicial de la Superintendencia de Compañías. El 21 de febrero, se solicitó a los jueces de la Corte Provincial de Guayas que señalen fecha y hora para la audiencia de apelación, pero todavía no la convocan.
LA “COMISIÓN DEL ARCHIVO”, A LA MEDIDA DE NOBOA
El pasado 7 de marzo, Loffredo compareció ante la Comisión de Seguridad, -controlada por el gobierno de Noboa- con motivo de un supuesto proceso de fiscalización a la cuestionada adquisición a High End Defense Solutions.
La presidenta de esa mesa legislativa, Inés Alarcón, declaró la sesión reservada para no exponer los detalles técnicos del equipamiento militar comprado, pues, dijo, “el enemigo” podría tomar ventaja si esa información se divulgara.
Loffredo indicó que no existe inconformidad a la interna de las FF.AA. y contó que los chalecos comprados a la empresa declarada contratista incumplida, supuestamente, cumplen con los estándares de protección para el personal militar en los operativos de campo.
Además, el ministro detallo que los equipos son usados por personal de tropa y jefes de operativos antidelictivos que están desplegados en zonas de alta peligrosidad.
A efectos de probar la calidad de los chalecos y cascos comprados, Loffredo invitó a los miembros de la Comisión a una supuesta prueba en el polígono de tiro del Comando Logístico, en el sur de Quito, el 13 de marzo.
Durante el recorrido, Loffredo recitó a los legisladores el mismo monólogo que expuso ante los medios, respecto a la estructura de los chalecos, su composición y los parámetros técnicos con los que están fabricados.
ACCIONES DE CONTROL A MEDIAS
Minutos antes de que la Asamblea Nacional desclasificara la información del contrato de compra de chalecos, el contralor del Estado, Mauricio Torres, notificó que deja sin efecto el pedido de levantar la reserva de la información del proceso, debido a que fue notificado por el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, que la Fiscalía General del Estado, a través de la Unidad de Fuero de Corte Nacional 3, “ha notificado a esta Cartera de Estado los oficios No. 061 IP.45-2025-FGE-UFCN3-AZL, dentro de los cuales, entre otros puntos, notifica con el inicio de la investigación previa No. 170101825025386 (45-2025) AZL/scd, por presunto delito de peculado tipificado en el artículo 278 del Código Integral Penal”.
En tal sentido, dice Torres en el oficio, al encontrarse una investigación penal en curso a cargo del Ministerio Público y por ende toda la documentación relacionada estará en cadena de custodia, “sobre la base del art. 31, numeral 14 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, este órgano Técnico de Control se encuentra limitado en el ejercicio de control”.
Dada la reserva impuesta al contrato, el área jurídica de Contraloría determinó que la Asamblea Nacional puede desclasificar la información y el 10 de marzo, inicialmente, envió un oficio solicitando un pronunciamiento que le permita examinar el caso, sin restricciones.
Se requerían 92 votos para la aprobación de la resolución que viabilice la desclasificación de todo lo concerniente al proceso y ADN, en el discurso, comprometió sus votos para respaldar esa iniciativa.
En tanto que la indagación previa por el caso chalecos se desprende de una noticia criminis presentada por 24 asambleístas del correísmo el pasado 5 de marzo.
