Blanca Moncada
Periodista / Guayaquil
bmoncada@ladefensa.ec
«Tenemos la esperanza de que esté con vida…». Diana Roca, tía de Dave Robin Loor Roca, pronuncia la frase con la voz quebrada. Han pasado siete meses desde que su sobrino de 20 años desapareció, y el caso sigue sin respuestas claras.
Dave fue visto por última vez el 26 de agosto de 2024. Ese día no fue a su trabajo como albañil en Ventanas. Almorzó en casa de su abuela y, a las 16:00, salió con su amigo Juan Santillán —también desaparecido— a comprar empanadas. Nunca regresó.
Camino al centro de la ciudad, una patrulla militar los interceptó. En los videos disponibles se observa cómo Dave levanta las manos para ser requisado. No tenía antecedentes, ni armas, ni nada que esconder.
Aun así, los militares —más de una decena, de los que solo uno ha sido identificado— lo golpearon y lo subieron a la camioneta. Fue la última vez que se le vio.
Silencio militar, justicia inmóvil
En abril de 2025 se realizó una audiencia clave. Uno de los militares implicados debía declarar. La familia de Dave tenía la esperanza de, por fin, obtener respuestas. Pero no ocurrió.
“Este militar dijo que se acogería al silencio… Y eso nos destruyó”, cuenta Diana Roca.
Para entonces, la familia ya había vivido una pesadilla: buscaron en los barrios La Polvadera, Carlos Carriel, Catarata, Pueblo Viejo, Babahoyo. Visitaron bases militares, cárceles. Nadie decía nada. Solo una vecina les habló de un joven liberado por los militares, desnudo y torturado, que dijo haber visto a Dave.
Mientras la familia buscaba, su casa fue allanada a medianoche. Se llevaron una laptop, gorras, perfumes y dinero en efectivo. Nadie explicó por qué. Tampoco hubo una activación inmediata de protocolos de búsqueda.
Así consta en el hábeas corpus que ganó la familia con respaldo del Comité Permanente por los Derechos Humanos. El documento, fechado el 16 de septiembre de 2024, detalla que el caso fue asignado a varios jueces, pero ninguna audiencia se instaló.
El parte militar que sí existe… pero se niega
Un informe de la Defensoría del Pueblo (3 de diciembre de 2024) revela un parte militar del 28 de agosto, firmado por el capitán Rogger Robalino Mora, del grupo de operaciones especiales E25 Base Sur. Allí se afirma que Dave y su amigo intentaron huir en moto y que fueron interceptados, subidos a la camioneta “para recabar información”.
El parte los vincula con una supuesta banda llamada Los Pájaros Locos y menciona que Dave tenía fotos de vehículos y “altares de la Santa Muerte”.
La familia niega tajantemente esa versión. No se ha presentado ninguna prueba formal en la investigación, y la defensa de las Fuerzas Armadas ha negado incluso que haya existido un operativo militar ese día. Es decir: el mismo Estado se contradice entre lo que dice en el parte y lo que sostiene ante la justicia.
El único militar llamado a declarar… también calla
Paradójicamente, el mismo capitán Robalino —autor del parte— fue quien se acogió al silencio en la audiencia de abril. La familia siente que, otra vez, la justicia desaparece a Dave.
Un joven sin antecedentes, con una vida por delante. Dave tenía 20 años. Estudiaba Criminalística. Amaba las costillas, el fettuccini de camarón en salsa Alfredo y detestaba el seco de pollo. Su tía, que eligió su nombre en honor a la Copa Davis, dice que era trabajador y muy querido.
No tenía ninguna orden de detención. Fue detenido por militares sin causa legal y desde entonces nadie sabe dónde está.
Pese al hábeas corpus que obliga a la Defensoría, Fiscalía y Fuerzas Armadas a actuar, ninguna autoridad se ha acercado a la familia. Peor aún: el Estado apeló la decisión judicial.
“El gobierno no se ha hecho presente. Ni siquiera nos ha dicho que nos va a ayudar… ¿Cómo puede el mismo Estado decir que sí y que no al mismo tiempo?”, cuestiona Diana.
Un patrón que se repite
El caso de Dave no es aislado. En abril de 2025, cuatro militares confesaron haber sido parte de un grupo de 16 agentes que torturaron a los 4 menores de edad de las Malvinas en Taura.
Según Fernando Bastias, del Comité Permanente por los Derechos Humanos, hay al menos 33 casos de desapariciones vinculadas a militares, incluidos los jóvenes de Guayaquil y Dave Robin Loor.
Su familia ya no exige culpables, ni siquiera justicia inmediata. Solo una respuesta.
“Así nos digan: lo vamos a dejar tirado aquí, vengan a verlo. No nos importa. Pero que nos digan dónde está…”
